Tercera vía

Ante la inminencia de la fijación por el Parlamento de Cataluña de la fecha y del texto de la pregunta que concreten la realización durante 2014 de la consulta inconstitucional e ilegal sobre autodeterminación de aquella Comunidad, el Gobierno de la Nación busca salidas que le eviten el amargo trago de ejercer su misión, que no es otra que hacer cumplir el ordenamiento vigente. En sus intentos de frenar la posible catástrofe, el equipo dirigente del Partido Popular mantiene frecuentes conversaciones con el líder vitalicio de Unió Democràtica, que no es partidario de la ruptura unilateral y propone una llamada tercera vía, intermedia según se dice, entre el actual marco de relación entre la Generalitat y el Estado y la secesión. Este camino capaz de sacarnos del atolladero podría consistir en la autorización del referendo por el Gobierno central acompañado de unas reglas claras en cuanto a participación exigida y procedimientos a aplicar una vez conocido el resultado, o bien en una nueva reforma estatutaria que de hecho transformase España en una confederación y Cataluña en una especie de estado libre asociado. Por desgracia, ninguna de las dos fórmulas es posible. La primera porque la mera celebración del referendo destruye el sujeto único de la soberanía nacional, que es el conjunto del pueblo español, y la segunda porque exige un cambio constitucional de tal envergadura que equivaldría a abrir un período constituyente, asimismo abocado en las presentes circunstancias políticas a la disolución de España como proyecto común.


















