Un nuevo análisis sobre el consumo en España pone cifras a una realidad poco conocida: los inmigrantes procedentes de fuera de la Unión Europea pagan menos IVA que los ciudadanos españoles, lo que abre un debate sobre su impacto en el sistema fiscal.
El desempleo volvió a repuntar en febrero con 3.584 personas más inscritas en las oficinas del SEPE, un dato que rompe la tendencia de mejora registrada en meses anteriores y que tiene un impacto especialmente significativo en el colectivo juvenil. Según las cifras oficiales, el paro juvenil registra su mayor subida en un mes de febrero desde 2021, lo que reabre el debate sobre la fragilidad del empleo entre los menores de 25 años.
El mercado laboral español presenta una fotografía cada vez más preocupante. Según los últimos datos analizados en el ámbito macroeconómico, el 37% de los trabajadores en España percibe el salario mínimo interprofesional o incluso menos, una cifra que equivale a aproximadamente 4,9 millones de personas y que convierte esta franja salarial en la más numerosa por primera vez.
El mercado laboral arranca 2026 con un fuerte retroceso. España destruyó 270.782 puestos de trabajo en enero, el peor dato para este mes desde 2012, en un arranque de año marcado por el fin de la campaña navideña y el frenazo en sectores clave del consumo.
España se ha situado a la cabeza del llamado índice de miseria entre los principales países europeos después de que el precio de los alimentos se haya incrementado un 41 % desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, un dato que refleja con crudeza el deterioro del poder adquisitivo de los hogares.
Los jóvenes que hayan cumplido 23 años podrán acceder a una prestación mensual de 733 euros, según la normativa vigente en materia de protección social. La medida, que se enmarca en el sistema de ayudas públicas, busca garantizar un ingreso mínimo a personas jóvenes que carecen de recursos suficientes.
El número de personas que dependen directamente de subsidios públicos en España continúa creciendo y se acerca ya a los tres millones. Si se suman los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y de la Renta Mínima de Inserción (RMI) gestionada por las comunidades autónomas, el total asciende a 2,82 millones de personas que perciben algún tipo de ayuda económica directa del Estado.
