Opinión | Alejo Vidal-Quadras

La reciente aprobación del Cupo vasco en el Congreso ha suscitado una considerable polémica y ha avivado el eterno debate sobre el modelo de financiación autonómica. Es sabido que las Comunidades son la principal fuente del déficit crónico del Estado y que prácticamente todas ellas cierran cada año sus cuentas con números rojos. Sistemáticamente, el ministerio de Hacienda, bajo la presión de Bruselas, fija unos objetivos que son invariablemente incumplidos. Como es lógico, el hecho de que la segunda autonomía más rica en renta per cápita sea la mejor financiada, despierta la indignación de las demás, que protestan por recibir un trato que consideran discriminatorio. Las reclamaciones de más recursos por parte de todas establecen una ecuación sin solución: hay que recuperar el equilibrio de las cuentas públicas y a la vez aumentar el gasto total, propósito evidentemente imposible. Cada región sólo ve sus necesidades, que percibe justas e imperiosas, y cierra los ojos al conjunto porque eso la llevaría a reconocer sus exigencias como irrealizables. A este conflicto inextinguible, se añade la circunstancia de que ninguna comunidad contempla la posibilidad de reducir su gasto eliminado organismos inútiles, suprimiendo empleos públicos no funcionariales sin contenido real, cortando subvenciones puramente electoralistas o clientelares o comportándose austeramente. Por el contrario, sus nóminas crecen imparablemente, el número de entidades superfluas se mantiene y el dispendio en autobombo no cesa. La suma despilfarrada en la aventura golpista catalana causa doble asombro por lo voluminosa y por la permisividad del Gobierno de la Nación que no ha actuado hasta que el mal ya estaba consumado.

Desde que inicié mi actividad política en primera línea al ser elegido diputado en el Parlamento de Cataluña en 1988 tuve que enfrentarme a los nacionalistas de raíz identitaria, es decir, a gente que sitúa contingencias como la lengua, la raza, el folklore o el paisaje por encima de valores trascendentes como la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la dignidad intrínseca de cada ser humano o la justicia. En este combate de ideas he escrito miles de páginas, pronunciado centenares de conferencias y discursos, participado en innumerables debates en radio y televisión, soportado todo tipo de agresiones verbales y en ocasiones físicas de los supremacistas catalanes y recibido curiosamente intensas y repetidas descargas de fuego supuestamente amigo.

La decisión tan demorada de Mariano Rajoy de activar el artículo 155 de la Constitución para parar el golpe separatista en Cataluña ha sido, como todas las suyas, tendente a minimizar el daño, o más exactamente, las molestias, y no a solucionar el problema de fondo. El Presidente del Gobierno habita un mundo plácido, en el que los sobresaltos y las exigencias extremas representan una incomodidad fastidiosa, por lo que deben ser ignorados hasta que desaparezcan espontáneamente o, si persisten, tratados de la manera más indolora y discreta posible y lo más tarde que las circunstancias permitan. Este método, muy adecuado sin duda para no alterar en exceso su tensión arterial, tiene el inconveniente de producir la acumulación de asuntos potencialmente explosivos, que acaban, como ha sucedido con el malhadado "procés", por estallarnos a todos en la cara.

Sea cual sea el resultado final del esperpento que han montado los golpistas de Junts pel Sí y de la CUP en Cataluña y la magnitud del ridículo en el que van a caer, no debemos perdernos en la vorágine de los acontecimientos de los últimos días olvidando el largo trayecto que nos ha traído hasta aquí.

Jamás en la historia de los golpes de Estado se ha visto uno realizado con mayor lentitud que el que los separatistas catalanes pusieron en marcha hace más de un año. En justa correspondencia, el Gobierno legítimo del Estado contra el que se perpetra la rebelión ha actuado y actúa para sofocarlo con la velocidad de una tortuga aquejada de reumatismo. La explicación de tanta parsimonia radica en que ni el alzado contra la legalidad, el ínclito Puigdemont, quiere en realidad declarar la independencia de Cataluña, ni al encargado de evitarla, el impávido Rajoy, le apetece demasiado cumplir con su deber de preservar la legalidad. El último episodio de este paso a dos interminable es un cruce de cartas en el que ambos practican un porfiado diálogo entre sordos.

En estas últimas semanas de efervescencia de la cuestión catalana, los separatistas no han dejado de invocar a la democracia como la indiscutible justificación de su pretensión de convocar y celebrar un referéndum de autodeterminación fuera del marco constitucional español. Se trata de democracia, han repetido infatigablemente en virtud de la regla elemental de la comunicación que establece que un mensaje simple, directo y aparentemente evidente acaba calando si se reitera hasta la extenuación. Tan es así, que muchas personas de buena fe en nuestro país y también más allá de nuestras fronteras, lo han aceptado y se han preguntado qué hay de malo en consultar a la gente y obedecer, una vez conocido el resultado de las urnas, a la voluntad mayoritaria. El Gobierno ha optado por una estrategia estrictamente legalista y ha insistido en que semejante operación contraviene el ordenamiento vigente y que la democracia no consiste sólo en contar papeletas, sino que el imperio de la ley es un elemento tan esencial de los regímenes democráticos como el sufragio universal. Sin duda, se trata de un razonamiento bien fundado porque sin respeto a la legalidad no existe democracia posible. Ahora bien, este planteamiento, pese a su solidez jurídica y política, es débil dentro del contexto exuberante de emociones en el que se viene desarrollando este enconado debate. Si la política en los regímenes de opinión pudiera encauzarse por la senda del análisis racional y del examen desapasionado de hechos contrastados, la vida colectiva sería un sereno oasis de paz y armonía. Por desgracia, la realidad es muy distinta y las mentiras, completas o parciales, dirigidas como saetas a la zona límbica de los cerebros de los votantes, son mucho más eficaces para ganar su adhesión acrítica que la exposición razonada de argumentos.