Opinión | Alejo Vidal-Quadras

De la misma forma que la aparición de unas pocas nubes en un cielo despejado son la señal de que se acerca una tormenta, empiezan a producirse hechos en el contexto de la tan cacareada recuperación económica que suscitan malos augurios. Es verdad que España está creciendo a un ritmo muy estimulante y que el Fondo Monetario Internacional ha mejorado nuestras perspectivas para 2018 en cuatro décimas, hasta un prometedor 2.8%, como también es cierto que se crea empleo a razón de medio millón de puestos por año y que las agencias de calificación han subido la nota a nuestra deuda. Sin embargo, en el primer trimestre del presente ejercicio, el paro ha aumentado en mayor proporción que en el del anterior, invirtiendo una tendencia positiva desde 2013 y, lo que es más preocupante, en términos interanuales la ocupación en el sector público ha crecido más que en el privado, el doble para ser precisos, rompiendo asimismo una evolución que venía siendo la contraria a partir de la crisis.

Tom Burns Marañón acaba de publicar un libro que analiza el fracaso del bipartidismo en España e indaga sobre el futuro de nuestro país. El título de la obra, Entre el ruido y la furia, es sugerente y describe perfectamente la paradójica situación que vivimos actualmente los españoles: un crecimiento económico muy alto que se traduce en la creación de medio millón de empleos al año -precarios, sí, mal pagados muchos, pero mejores que el paro-, mientras la Nación se ve amenazada de disolución y el sistema político agoniza con un largo y desesperante estertor. Hay que imaginar cuál sería nuestra posición en el mundo si contásemos en esta etapa de recuperación material con instituciones sólidas, una estructura territorial eficiente, una clase política competente y honrada y el golpe de los separatistas catalanes no existiese. Sin duda, encabezaríamos la liga de campeones de la prosperidad y la estabilidad europeas y seríamos un referente admirado y envidiado en vez de un equipo de segunda división en el que se ceban árbitros alemanes de tercera regional.

A los partidarios de la sociedad abierta nos gusta más Iñigo Errejón que Pablo Iglesias, de la misma forma que si nos viésemos obligados a dar, acompañados por una joven proclive al colectivismo, un paseo romántico por El Retiro al atardecer, preferiríamos hacerlo con Rita Maestre que con Irene Montero. Seguramente el motivo de tal inclinación responde a que Errejón y su musa nos parecen en términos estéticos más aseados y a que intuimos, quizá ingenuamente, que si Errejón llegase al poder para no soltarlo nunca más, como es propio de los adscritos a su ideología, se conformaría con desterrarnos o reeducarnos sin recurrir a métodos dolorosos, mientras que hemos recibido inquietantes señales de que Iglesias nos enviaría al Gulag o directamente al paredón. La verdad es que estas impresiones no deben hacernos olvidar que ambos son decididos partidarios de medidas tan razonables como la supresión de la enseñanza concertada, la salida de España de la Unión Europea y del euro y la nacionalización de la banca, la energía y todo lo que se mueva.

El Presidente Trump clamó durante su campaña electoral contra los abusos que, desde su punto de vista, sufría Estados Unidos en sus intercambios comerciales con el resto del mundo y puso reiteradamente como ejemplo a China, a la que acusó de provocar en gran medida el desempleo y los bajos salarios de los trabajadores industriales norteamericanos. Sus incendiarias promesas de imponer barreras arancelarias a la importación fueron sin duda uno de los factores de su éxito electoral en el sector de población más favorable al planteamiento expresado en el eslogan America First. La primera señal de que el nuevo inquilino de la Casa Blanca no iba de farol en sus intenciones proteccionistas fue el establecimiento de un impuesto a la importación de lavadoras y células fotovoltaicas el pasado enero, que ha ido seguido en estos días de una tarifa de un 25% para las importaciones de acero y de un 10% para las de aluminio. Aparte de estas medidas concretas, destinadas a demostrar que no había hablado en vano a la hora de pedir el voto, ha retirado a Estados Unidos de las negociaciones para el Acuerdo Transpacífico y ha exigido una renegociación del Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio. Esta ofensiva de resabios mercantilistas en pleno siglo XXI ha sacudido las Bolsas, ha despertado la inquietud de la comunidad internacional, ha irritado a sus aliados y ha hecho que el Wall Street Journal la calificara como "la mayor torpeza política" de su mandato hasta el momento.

Cuando el pasado martes 6 de Marzo el empresario Karl Jacobi, un fornido licenciado en Psicología y Sociología originario de Colonia que lleva treinta y cinco años establecido en Cataluña, se levantó durante el coloquio subsiguiente a una conferencia pronunciada por el Presidente del Parlamento de Cataluña en el Círculo Ecuestre de Barcelona y le dijo las verdades del barquero en un español gramaticalmente correcto y fonéticamente germánico, despertó la cólera desatada de la tropa separatista a la vez que se ganaba la admiración y el afecto de millones de catalanes hartos de la farsa del "procés". Lo que la breve y contundente intervención de Karl Jacobi expresó con despiadada claridad es lo que piensan la mayoría de ciudadanos de una Comunidad martirizada por el golpismo totalitario de los partidos secesionistas y la práctica totalidad de los habitantes del resto de España sobre una aventura política disparatada que está causando un daño tremendo a la economía catalana y que se prolonga de forma absurda hasta llevar a sus víctimas, que somos todos los que deseamos seguir siendo simultáneamente catalanes, españoles y europeos, al agotamiento de nuestra paciencia.

Los jubilados, un sector social nada proclive al activismo callejero y que tradicionalmente vota a opciones conservadoras, se han echado al monte en España, hartos de ver disminuir año tras año el poder adquisitivo de sus exiguas pensiones. Sus protestas han rodeado el Congreso y amenazan con extenderse a todo el país con creciente intensidad. La Seguridad Social, agobiada por el déficit de sus cuentas, ha de recurrir ya a créditos extraordinarios del Estado para satisfacer sus obligaciones porque sus ingresos regulares, procedentes de las cuotas de trabajadores y empresas, no alcanzan a cubrir su presupuesto. Se acumulan los estudios de expertos, tanto nacionales como foráneos, que declaran al actual sistema de reparto inviable, y organismos internacionales solventes anuncian su colapso antes de mediados del presente siglo. La inquietud cunde entre los segmentos de población que pasarán al retiro en las próximas dos décadas y que ven en peligro su vejez, amenazada de pobreza y privaciones. El Gobierno y las principales fuerzas parlamentarias contemplan el problema con una mezcla de impotencia y resignación, lo que agudiza la irritación de la ciudadanía, en la que cunde la sensación de que los políticos pierden el tiempo en polémicas estériles, como el destructivo proceso separatista en Cataluña, mientras los problemas realmente acuciantes se aparcan sin solución. Las recomendaciones oídas estos días de suscribir planes de pensiones privados, procedentes tanto del Presidente del Ejecutivo como de destacados dirigentes del partido en el poder, no han contribuido precisamente a tranquilizar los ánimos de los muchos millones de españoles que no sólo no pueden ahorrar, sino simplemente llegar a fin de mes.