Desde la Transición hasta hoy los españoles han sido llamados a las urnas para elegir a los miembros del Congreso y del Senado en trece ocasiones, algunas de enorme trascendencia, como las constituyentes de 1977 o las primeras con la Ley de leyes ya aprobada en 1979. Otras de gran impacto, como las que dieron la mayoría absoluta al PSOE en 1982 y al PP en 2000 y en 2011, o las que el PP perdió sorpresivamente en 2004 tras la tragedia del 11-M. Pero sin duda las elecciones que se celebrarán el próximo 28 de Abril poseen una relevancia comparable o mayor que cualquiera de las anteriores. Tres son las razones que emergen como decisivas para dar a estos inminentes comicios un dramatismo singular.
La azarosa historia de Pedro Sánchez ha sido objeto de asombro, admiración, indignación o censura, dependiendo de quién la haya comentado o del aspecto de su biografía tomado en consideración. Sin duda, es notable la hazaña de un individuo que, pese a que sus conocimientos -es célebre su referencia a Soria como la ciudad natal de Antonio Machado-, calidad moral -notable su intento de montar un pucherazo en el Comité Federal del 1 de Octubre de 2016-, dotes intelectuales -su tesis doctoral es un ejercicio extremo de banalidad combinada con plagio- y trayectoria política -un diputado segundón entrado en el Congreso de rebote- no parecían en principio llamarle a altos destinos, ha llegado nada menos que a la Presidencia del Gobierno. La explicación de este singular suceso, como la de tantos fenómenos naturales, sociales o humanos, no es única y debe buscarse en varios planos.
Ante el inminente comienzo en el Tribunal Supremo del juicio a los encausados por rebelión, sedición y malversación a raíz del fallido intento de proclamación de una fantasmagórica república catalana independiente, el presidente racista de la Generalitat por delegación del Muy Honorable Fugado ha amenazado con repetir la hazaña si los magistrados emiten sentencias condenatorias. También ha explicado que la revalidación del golpe tendría lugar en el Parlament y que abriga la convicción de que nadie en el bando separatista flojeará de remos si es llamado a tan heroico pronunciamiento. Bien es verdad que esta benéfica agrupación de defensores de la ley y la racionalidad conocida como la Asamblea Nacional de Cataluña le conmina un día sí y otro también a la declaración unilateral de independencia sin molestos trámites como votaciones en la Cámara autonómica u otras zarandajas, es decir, la expeditiva vía fáctica de las masas enfervorizadas en la calle quemando contenedores, asaltando la Delegación del Gobierno y ornando los cañones de los fusiles ametralladores de los Mossos con rosas carmesí. En fin, un convincente despliegue de seny que gane para Cataluña la admiración del mundo. Por ahora, Torra ha cerrado los oídos a estas llamadas a la revolución e insiste cansinamente en amagar sin dar. Cuanto tiempo podrá aguantar la presión de sus huestes enajenadas e impacientes está por ver, pero ya se sabe que una vez suelto el tigre cabalgarlo no es tarea sencilla.
La política es una mezcla de convicciones y ambiciones personales. Las ideas y los principios son sin duda muy relevantes, pero no hay que descuidar nunca el manejo correcto del factor humano. Pablo Iglesias, el líder omnímodo y carismático -así es como se ve a sí mismo- empieza a notar cómo el suelo tiembla bajo sus pies. El mazazo que ha recibido en la paz idílica de su chalé serrano, mientras cuida amoroso de sus gemelos, le ha sorprendido y casi le ha noqueado. De la misma forma que es muy peligroso dejar las decisiones sobre economía exclusivamente en manos de economistas, confiar la política en exclusividad a los politólogos suele dar malos resultados.
Ha cundido la alarma entre los casi dos millones de andaluces que votaron a favor de un cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía y también entre los muchos millones de españoles que han visto el resultado de las autonómicas andaluzas como el anuncio esperanzador de una nueva etapa política en España, a causa de las dificultades surgidas de cara al voto de investidura del nuevo jefe del Ejecutivoregional por la exigencia de Vox de que se suprima el punto 84 del acuerdo entre PP y Ciudadanos. El tratamiento dado por la izquierda al fenómeno de la denominada violencia de género ha suscitado polémica desde su arranque durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Fracasado el marxismo como doctrina económica, política y social, y también como sistema de interpretación de la Historia, es bien sabido que el socialismo ha sustituido esta doctrina periclitada por sucedáneos que le permitan utilizar el mismo esquema con fines de movilización electoral. En este contexto, el feminismo radical y su cobertura conceptual, la ideología de género, representan una herramienta de eficacia considerable para fabricar artificialmente una clase oprimida, las mujeres, frente a otra opresora, los hombres, cuya mera existencia es una amenaza de carácter estructural que debe ser neutralizada mediante todo tipo de medidas legislativas, educativas, culturales y sociales, dedicando a ello ingentes recursos presupuestarios y humanos. Este constructo formidable ha dado lugar a la aparición de una densa red clientelar de asociaciones y ONGs que se nutren de subvenciones, sector de actividad que en Andalucía en particular ha alcanzado un volumen realmente llamativo. Las leyes de violencia de género, tanto a nivel nacional como autonómico en el caso andaluz, son un detallado compendio de afirmaciones teóricas, por un lado, como de políticas concretas a desarrollar por otro que obedecen a este sesgado planteamiento de las relaciones entre los dos sexos y que han suscitado serias dudas entre juristas, psicólogos, antropólogos y especialistas diversos sobre su capacidad de reflejar fielmente la multidimensional realidad del binomio hombre-mujer en las sociedades democráticas avanzadas.
El jefe de filas de Podemos explicó en su día que en política hay que “cabalgar contradicciones” y justificó así el apoyo recibido por su formación de los gobiernos dictatoriales de Venezuela e Irán. No hay duda de que las cosas no siempre son blancas o negras en los asuntos públicos y que los maximalismos o la intransigencia no suelen dar buenos resultados a la hora de ordenar la vida colectiva. Sin embargo, siempre es mejor que, puestos a bandear inconsistencias, lo hagamos del lado bueno. Así, parece más reconfortante situarse con la oposición democrática de estos países que con sus regímenes represores, violentos y corruptos. Además, esta flexibilidad ética, tan magistralmente teorizada por el maestro florentino, tiene sus límites, que son la realidad y las urnas. Cuando la distancia entre lo que se predica y lo que se hace o entre lo que se afirma y la evidencia empírica es astronómica, es mejor rectificar antes de que ese contraste bochornoso nos castigue con el rechazo de los electores y nos sepulte en la irrelevancia.
El discurso del Rey Felipe VI en el Congreso con motivo de la solemne celebración del cuadragésimo aniversario de la vigente Constitución fue, como todos los suyos, impecable. Cada una de sus afirmaciones, de sus evocaciones, de sus reconocimientos, de sus imágenes y de sus llamamientos tuvo el exactamente medido equilibrio que se espera de un árbitro y moderador por encima de la confrontación partidista y se sitúo en esa altura inmarcesible a la que no llegan los crudos vaivenes de los avatares contingentes. Su prosa elegante, tersa y sintácticamente eurítmica se fue desgranando sobre su atento y respetuoso auditorio con la enérgica suavidad de la ortodoxia consagrada por la evidencia de la Historia. Hasta la turba podemita, estéticamente desubicada en su deliberado y pueril desaliño, se mantuvo en actitud respetuosa, limitando su fervor revolucionario y republicano a una impotente inmovilidad durante las ovaciones de los diputados y senadores al Soberano ejerciente, al Emérito y a los pasajes más hondos y rotundos de las intervenciones del Monarca y de la Presidenta de las Cortes.
