Opinión | Alejo Vidal-Quadras

El próximo 26 de Mayo no sólo se elegirán los miembros del Parlamento Europeo, sino que esta fecha marcará el inicio de un proceso que culminará antes de que acabe el año en el que serán designados el presidente de la Comisión, el presidente del Consejo Europeo, el Alto Representante para la PESC y el presidente del BCE. Esta renovación completa de los máximos responsables de la Unión será determinante a la hora de fijar el rumbo de Europa del próximo quinquenio. El resultado de las elecciones, y las posteriores negociaciones entre los Gobiernos de los Estados Miembros para acordar las figuras clave al frente de las Instituciones, pondrán de relieve el balance de fuerzas entre las distintas familias políticas y las diferentes visiones de Europa que existen hoy en nuestro continente. Todo ello se producirá en un contexto nada fácil del que es interesante señalar dos elementos.

El desastre electoral que ha dejado exánime y desorientado al Partido Popular es el final de un proceso que se ha venido gestando desde hace mucho tiempo y atribuirle a Pablo Casado la culpa sería manifiestamente injusto. Al actual presidente del PP le ha correspondido el ingrato papel de albacea de una herencia envenenada. Como suele suceder en los partidos políticos, sus rivales internos han aprovechado la ocasión para debilitarle y obligarle a cambiar de estrategia y de mensajes. La sustitución de Javier Maroto como director de campaña de cara al 26 de Mayo ha sido el sacrificio humano exigido para calmar a los iracundos barones, aunque en honor a la verdad lo sorprendente es que le nombrase para esta difícil misión, porque ni reúne las cualidades necesarias ni se ha distinguido nunca como entusiasta de la línea de firmeza ideológica que Casado emprendió tras el Congreso Extraordinario que le elevó a la jefatura.

Cunde la sensación de que las elecciones legislativas del 28 de abril van a tener un alcance y un significado distintos a todas las anteriores desde las que en 1977 y 1979 configuraron una mutación total de régimen político. En las citas con las urnas para determinar la composición del Congreso y del Senado de los últimos cuarenta años se dilucidaba un posible cambio de gobierno entre dos fuerzas, una de centro-izquierda y otra de centro-derecha, con programas diferentes por supuesto, pero sin que la victoria de la una o de la otra pusiese en cuestión las bases del sistema constitucional de 1978. En esta ocasión, sin embargo, existe la sospecha de que no se trata de articular una simple alternancia, sino de que algo más profundo, más esencial y potencialmente muy dañino puede suceder.

La democracia se basa en principios básicos cuyo incumplimiento la ponen en peligro, la degradan y pueden llegar a invalidarla. Las elecciones libres, la separación de poderes, el imperio de la ley y la igualdad de todos ante la misma, la libertad de expresión, de prensa, de asociación y de culto y el derecho a un juicio imparcial son, entre otros, los pilares básicos de la convivencia democrática. La Unión Europea los tiene como elementos definidores de su marco jurídico y ningún Estado que los vulnere es admitido a formar parte de ella, y si alguno que ya figura como Miembro los conculca, es sancionado y, en casos extremos, las sanciones aplicadas equivalen en la práctica a la expulsión.

La descarada utilización de edificios y recintos públicos como escaparates de propaganda partidista por parte del Gobierno separatista catalán ha sido escandalosa desde que se inició hace mucho tiempo, pero en período electoral se ha convertido en intolerable. El Tribunal Superior de Justicia ya había advertido de la ilegalidad de esta práctica con motivo de denuncias de casos concretos, aunque, como suele, la Generalitat ignoró sus sentencias y siguió impertérrita en su hábito de apropiación de los espacios y propiedades comunes para su exclusivo uso sectario y excluyente. La convocatoria de elecciones ha llevado a la Junta Electoral Central a intervenir prohibiendo la exhibición de carteles, lazos, fotografías y otros símbolos en lugares que por su naturaleza institucional deben respetar una escrupulosa neutralidad durante la campaña. El hecho de que el presidente títere haya intentado ignorar el mandato de este órgano judicial demuestra una vez más el carácter totalitario del proyecto secesionista.

La anunciada sucesora de Inés Arrimadas como presidenta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el hemiciclo del Parque de la Ciudadela, Lorena Roldán, se ha visto afectada en estos días por dos noticias que no han contribuido precisamente a mejorar su prestigio ante sus votantes y los españoles en general. La primera ha sido su decisión como Portavoz del Grupo Mixto del Senado de situar al nuevo senador de Vox, José Alcaraz, antiguo presidente de la AVT y hoy de Voces contra el Terrorismo, en el escaño contiguo al del representante de Bildu, Jon Iñarritu. Ante la negativa de aquél a sentarse junto a un miembro del brazo político de la organización criminal que asesinó vilmente a su hermano y a sus dos hijas, Roldán tuvo que rectificar y colocarle en una ubicación distinta.