Opinión | Alejo Vidal-Quadras

Con motivo de la previsible crisis económica y social que seguirá a la pandemia de coronavirus y que afectará profundamente a varios Estados Miembros de la Unión Europea, España entre ellos, ha surgido la polémica sobre el nivel de solidaridad que debe existir entre los socios de la UE en estas dramáticas circunstancias. No estamos hablando de un problema baladí si se tiene en cuenta que el PIB español puede caer entre 2 y 5 puntos, según sea la severidad de la recesión que se nos viene encima, y requerir varios años antes de volver a la normalidad. En números redondos, nuestro país necesitará financiación adicional del orden de 200.000 millones de euros para sortear esta tragedia sin que se produzca un colapso fatal. En análoga situación se verán Italia y Francia, por citar otras dos grandes economías de la zona euro.

En estos días corre mucha tinta y abundan las declaraciones y contradeclaraciones del Gobierno y de los partidos de la oposición sobre la mesa de diálogo entre el Ejecutivo central y el de la Generalitat controlada por los separatistas. Si se analiza en términos estrictamente lógicos cuál puede ser el resultado de estas negociaciones bilaterales extraparlamentarias, la conclusión es que no existe margen para el acuerdo. Si la parte secesionista, presidida por un inhabilitado y compuesta por independentistas beligerantes, se empecina, como reiteradamente nos recuerda, en sus exigencias de autodeterminación y amnistía para todos los condenados por sedición, Pedro Sánchez, incluso si estuviera dispuesto a ceder, no podría hacerlo porque ni siquiera a una mentira bípeda como el actual inquilino de La Moncloa le está permitido saltarse la Constitución de manera pública y notoria.

No existe otro Estado en todo el planeta que esté dedicado con tanto empeño como el español a su propio desmantelamiento. Normalmente, los Gobiernos, en la medida que se saben y se quieren guardianes de las naciones sobre las que ejercen su poder ejecutivo y en las democracias parlamentarias también en gran medida el legislativo, procuran mantener e incrementar su capacidad de dirigir los asuntos públicos y de hacer visible y efectiva su presencia dentro de sus fronteras. Sorprendentemente, nuestro sistema político e institucional fruto de la Transición y encarnado en la Constitución de 1978, ha tenido el efecto contrario. Desde el momento mismo del tránsito del autoritarismo a la democracia y a lo largo de cuatro décadas de forma ininterrumpida, con etapas de pausa y ralentización y otras de aceleración, pero siempre sin marcha atrás, los sucesivos inquilinos de La Moncloa han rivalizado en la cesión de competencias a las Comunidades Autónomas con especial atención a Cataluña y al País Vasco, precisamente los dos territorios con los que hubieran debido ser más cautos a la hora de proporcionarles instrumentos de autogobierno, como la experiencia ha demostrado amargamente.

De manera periódica, los partidos políticos se ven sacudidos por crisis provocadas por el enfrentamiento entre su dirección central y sus ramas territoriales que exigen un funcionamiento de la organización más descentralizado, demandan mayor autonomía de decisión en su ámbito y pretenden elegir a sus cargos y candidatos sin interferencias de los máximo responsables nacionales. Este es un fenómeno derivado de la naturaleza misma de los partidos y ninguno escapa de estas tensiones.

Hace ochenta y cuatro años y mediante un pucherazo monumental llegó al poder en España un Gobierno socialista-comunista-separatista dispuesto a aplicar un proyecto radical basado en el odio de clase, la destrucción de la propiedad privada, el anticlericalismo feroz y la fragmentación de la Nación en pretendidas nacioncillas laminadoras de la pluralidad interna de las sociedades catalana y vasca. El resultado de esta operación de corte totalitario y antidemocrático es de sobras conocido, una cruel guerra civil que dejó el país arrasado y cuatro décadas de dictadura.

Las elecciones del pasado 12 de Diciembre en el Reino Unido dieron una amplia mayoría al Partido Conservador, que puede gobernar sin necesidad de apoyo de ninguna otra fuerza e imponer su programa sin otra limitación que las eventuales protestas populares contra alguna de sus medidas o el posible daño futuro en los siguientes comicios dentro de cinco años si se agota el plazo máximo de la legislatura. Por tanto, Boris Johnson tiene las manos libres para fijar la salida de su país de la Unión Europea el 31 de Enero y para adelantar el final del período transitorio, que no quiere que dure más de un año.