Opinión

Que no se rasguen las vestiduras los más puristas si me atrevo a respaldarme en el cada vez más amplio altavoz que me confiere mi siempre privilegiado lugar desde esta tribuna editorial para afirmar que, el 14 de abril de cada año, debería ser declarado fiesta nacional en nuestro país. Mal que le pese todavía a algunos a estas alturas de siglo XXI, y por increíble que parezca, conmemorar la proclamación de la IIª República serviría para dignificar, y porque no también honrar, a toda una generación de hombres y mujeres que dieron los mejores años de sus vidas para conseguir hacer realidad el más utópico e idealizable de sus sueños.

Josep Antón Durán i Lleida se pasea de vez en cuando por el extranjero para hacerse fotos. Va aquí y allá y posa. Siempre hay un líder político de otro país que se presta incauto a la instantánea sin saber que el personaje al que estrecha la mano es totalmente irrelevante en España y en el resto del universo. Esta vez le ha tocado a un atribulado Pier Luigi Bersani, que se las ve y se las desea para no ser engullido por la vorágine imposible en que se ha convertido Italia tras las últimas elecciones. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso gracias al masoquismo complaciente del Gobierno del PP se desplazó a Roma la semana pasada para su habitual sesión de autopromoción inane. No satisfecho con hacerle perder el tiempo al por ahora fallido primer ministro italiano, se ha permitido pontificar sobre los peligros de una posible "grillización" de nuestra vida pública y sobre la necesidad de cambiar de estrategia económica en la Unión Europea. En cuanto a la primera advertencia, se necesita ser cínico para prevenir contra el populismo cuando su partido y él mismo representan desde hace décadas la peor cara del oportunismo, la corrupción y la desfachatez de una casta dirigente que nos ha arrastrado a la crisis por su irresponsabilidad y su despilfarro.

Cuando los tribunales se sitúan por encima del Parlamento, del consenso político y de la voluntad ciudadana de una nación, enfrentada a un conflicto de soberanía con el Estado, es evidente que hablamos de tribunales de ocupación. Por supuesto sus resoluciones se encuadran en el marco legal, no en vano las leyes están hechas por el Estado. Pero el hecho sustancial es que Catalunya sufre reiteradas sentencias que se burlan de la decisión mayoritaria de su pueblo y cercenan su voluntad política, y el resultado final es un país que no puede tomar decisiones en materias relevantes para su supervivencia. Ni tan sólo cuando el consenso social llega a tales niveles que Catalunya puede presentar mayoría parlamentaria, mayoría social e incluso, como pasó con el Estatut, mayoría en referéndum. Es igual que se pongan de acuerdo los partidos, que lo aprueben los parlamentos, que cuente con la complicidad de la inmensa mayoría social, es igual todo porque, incluso superando las cámaras parlamentarias, siempre quedarán los tribunales para matar aquello que ha quedado vivo. Y a todo ello se le puede llamar legalidad, pero es la legalidad de un desprecio profundo y una violencia institucional, en definitiva, la legalidad de una ocupación.

Los recortes brutales a los derechos de los trabajadores españoles en las últimas medidas represivas del gobierno deben tener su justa respuesta.

Ante semejantes ataques los trabajadores deben emplear todos los medios a su alcance. La huelga es un derecho regulado y garantizado por la Constitución. Pero ejercer el derecho de huelga con los preavisos preceptivos y con el cumplimiento de los servicios mínimos disminuye, elimina, la fuerza de los propios trabajadores.

Hoy voy a entrar al trapo, ¿Te imaginas a Israel financiando las armas de los Palestinos o fabricando los misiles Qassam para que Hamas se los devuelvan por el aire?. Esto seria una bella historia de Gila pero imposible de creer.

Con tanto ruido político es normal que algunas noticias pasen desapercibidas, a pesar de tener mucho calado. Es el caso que traigo a colación, cuyo enunciado parece menor, pero cuyas consecuencias pueden ser gravísimas. Se trata del proyecto de la futura ley de Montes que ha presentado el ministro Arias Cañete, cuyo artículo 50 prevé la posibilidad de "recalificar montes arrasados por el fuego". Y añade que en ese caso se adoptarán "las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada".