Sentencia de ocupación; por Pilar Rahola

Cuando los tribunales se sitúan por encima del Parlamento, del consenso político y de la voluntad ciudadana de una nación, enfrentada a un conflicto de soberanía con el Estado, es evidente que hablamos de tribunales de ocupación. Por supuesto sus resoluciones se encuadran en el marco legal, no en vano las leyes están hechas por el Estado. Pero el hecho sustancial es que Catalunya sufre reiteradas sentencias que se burlan de la decisión mayoritaria de su pueblo y cercenan su voluntad política, y el resultado final es un país que no puede tomar decisiones en materias relevantes para su supervivencia. Ni tan sólo cuando el consenso social llega a tales niveles que Catalunya puede presentar mayoría parlamentaria, mayoría social e incluso, como pasó con el Estatut, mayoría en referéndum. Es igual que se pongan de acuerdo los partidos, que lo aprueben los parlamentos, que cuente con la complicidad de la inmensa mayoría social, es igual todo porque, incluso superando las cámaras parlamentarias, siempre quedarán los tribunales para matar aquello que ha quedado vivo. Y a todo ello se le puede llamar legalidad, pero es la legalidad de un desprecio profundo y una violencia institucional, en definitiva, la legalidad de una ocupación.

Alguien me dirá que la alucinante sentencia sobre el catalán que obligaría a cambiar al castellano a toda una clase, con un solo niño que lo pidiera, ha sido perpetrada por un tribunal de justicia catalán. Sería francamente ingenuo, teniendo en cuenta que la justicia ni tan sólo es autonómica. Pero aunque fueran fabricantes de sants de Olot -como diría el añorado Pere Calders-, continuaría siendo la justicia de un Estado, con leyes de un Estado, interpretando las decisiones de una nación sometida a una soberanía ajena. ¿Qué más podemos hacer? Cumplimos todos los requisitos democráticos, consensos políticos, sensibilidad educativa, sociedad perfectamente cohesionada, tanto que en este curso sólo solicitaron la escolarización en castellano 17 niños, menos de los que suman los hijos de los partidos que lo defienden. Sobre miles que no tienen ningún problema. Y sin embargo resulta que todo el esfuerzo social, político y educativo de una nación por preservar un modelo educativo puede cargárselo un tribunal de justicia, ejerciendo de parlamento supremo. Es una burla a la voluntad democrática catalana, es un desprecio profundo a nuestra sociedad y es un ataque directo a nuestra identidad.

Si antes hacían estas cosas con la Brunete, ahora las hacen con los tribunales de justicia. El resultado es el mismo: un Estado que desprecia el idioma, la identidad y el sentir de una nación, se queda sus recursos y no la trata como igual, sino como sierva. Y los tribunales son su brazo ejecutor. Nos destruyeron el Estatut y ahora quieren hacer lo propio con el idioma. Y luego se preguntan por qué queremos marcharnos.