Opinión

Carles Puigdemont empieza a ser la tieta de Serrat, a «la que ningú no vol si un bon dia pren mal». Y mientras desde Bruselas intenta reivindicarse como el legítimo presidente de la Generalitat –y no de la república catalana que él mismo declaró, por lo visto simbólicamente, según admitió Carme Forcadell–, desde Barcelona se le ve cada vez más como a un pobre chiflado que quema sus días dando de comer a las palomas de la Grand Place.

La decisión tan demorada de Mariano Rajoy de activar el artículo 155 de la Constitución para parar el golpe separatista en Cataluña ha sido, como todas las suyas, tendente a minimizar el daño, o más exactamente, las molestias, y no a solucionar el problema de fondo. El Presidente del Gobierno habita un mundo plácido, en el que los sobresaltos y las exigencias extremas representan una incomodidad fastidiosa, por lo que deben ser ignorados hasta que desaparezcan espontáneamente o, si persisten, tratados de la manera más indolora y discreta posible y lo más tarde que las circunstancias permitan. Este método, muy adecuado sin duda para no alterar en exceso su tensión arterial, tiene el inconveniente de producir la acumulación de asuntos potencialmente explosivos, que acaban, como ha sucedido con el malhadado "procés", por estallarnos a todos en la cara.

El gobierno catalán de Carles Puigdemont no ha ido a la cárcel por sus ideas, sino por ser acusado por la jueza Lamela con medidas cautelares de golpista, malversación de caudales públicos y pasarse las leyes por el arco del triunfo. Nadie debe estar por encima de la ley, nadie. Así que debemos acatar las sentencias de los tribunales, porque de otro modo la situación podría agravarse en un contexto mucho más crítico, que podría derivar en el reino del caos a nivel estatal. No olvidemos que todo ciudadano ya sabe a lo que se tiene cuando incumple las normas del Estado de Derecho. Además, estos consejeros han aprovechado su posición para encima dividir a la sociedad catalana y también a los española en menor medida, algo de muy mal gobernante, y que precisamente se hacía con el objetivo de conseguir la independencia unilateral de Cataluña, exponiendo a los catalanes de igual modo que hizo Lluís Companys en el año 1934, aunque ahora estemos en el 2017.

El término "antiEspaña" fue usado muy intensamente por el bando franquista en la guerra civil española. Agrupaba en un solo nombre a todos los enemigos de la llamada España nacional: anticlericales, separatistas, marxistas, etc. Hasta tal punto que cuando las tropas franquistas tomaban un pueblo, decían que "había llegado España".

El fiscal general del estado, o del gobierno (que no es lo mismo), manifestó recientemente con motivo de los acontecimientos del proceso separatista en Cataluña, lo siguiente:

El artículo 56 de la Constitución dice que: "El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de la unidad y permanencia, ARBITRA Y MODERA el funcionamiento regular de las Instituciones...".