Esquerra y el PDECat dan por amortizado a Carles Puigdemont. La cúpula de Esquerra convocó el lunes a Marta Rovira para dejárselo claro: es la única candidata a la presidencia de la Generalitat. El PDECat espera que pasen las elecciones para que Puigdemont tope con la realidad, desprenderse de él y volver a centrar al partido como cuando en los tiempos de Jordi Pujol tuvo vocación mayoritaria.
Cataluña vive en un estado de excepcionalidad casi permanente. La gente ya se está acostumbrando a la anormalidad democrática. El "procés" separatista no solo sirve para dividir a la sociedad catalana y saltarse las leyes de un Estado Democrático y de Derecho, sino que también se ha llevado por delante a miles de empresas a su paso, y pese a que ahora nos encontramos en una aparente legalidad a raíz de aplicar un artículo 155 moderado, ya que es cierto que nadie se salta la Ley. Pero este panorama de crisis, ocurre mientras se ha iniciado la campaña electoral para la cita electoral del 21-D, unas votaciones marcadas por la controversia y el sufrimiento, y que contarán con golpistas en la cárcel y el líder de los separatistas, Carles Puigdemont a la fuga por la Unión Europea con otros cuatro ex consejeros, mientras al mismo tiempo han salido de la prisión algunos miembros cesados del ex gobierno golpista, al pagar una fianza de 100.000€ al Estado Español.
Este sábado, en el Parlamento de las Ondas de Radio Euzkadi, se ha vuelto a desarrollar un debate esclarecedor entre Iker Casanova, encarcelado en su día por su jefatura de Jarrai, y los parlamentarios como él, Eneko Andueza (PSE) y Laura Garrido (PP). El telón de fondo era la actitud activa del gobierno francés en relación con los presos de ETA en su territorio que difiere de la política inamovible del español, partidario de la dispersión a seis años de la desaparición de ETA.
El 21 de diciembre, el independentismo sólo puede perder. Habiendo declarado ya una independencia que ni ellos mismos se han reconocido, sus amenazas y su chantaje carecen de cualquier credibilidad. Además, como las encuestas revelan, les peligra la mayoría absoluta (68) y se alejan todavía más que en 2015 de la mayoría de votos. Pese a las toneladas de propaganda y mentiras, la democracia les sigue siendo esquiva.
Venezuela sigue en una tremenda crisis política, social y económica. Sin una respuesta todavía contundente para atajar los problemas reales de los venezolanos, que son muchos. Pobreza, escasez de recursos y alimentos básicos, inseguridad total, ataques continuos a la oposición venezolana, presos políticos, censura a los medios de comunicación y periodistas encarcelados, eso es hoy la Venezuela de Nicolás Maduro. Un país muy rico en muchos sentidos, pero que sin embargo cuenta con un gobierno corrupto y que no representa a la mayoría del pueblo venezolano.
La reciente aprobación del Cupo vasco en el Congreso ha suscitado una considerable polémica y ha avivado el eterno debate sobre el modelo de financiación autonómica. Es sabido que las Comunidades son la principal fuente del déficit crónico del Estado y que prácticamente todas ellas cierran cada año sus cuentas con números rojos. Sistemáticamente, el ministerio de Hacienda, bajo la presión de Bruselas, fija unos objetivos que son invariablemente incumplidos. Como es lógico, el hecho de que la segunda autonomía más rica en renta per cápita sea la mejor financiada, despierta la indignación de las demás, que protestan por recibir un trato que consideran discriminatorio. Las reclamaciones de más recursos por parte de todas establecen una ecuación sin solución: hay que recuperar el equilibrio de las cuentas públicas y a la vez aumentar el gasto total, propósito evidentemente imposible. Cada región sólo ve sus necesidades, que percibe justas e imperiosas, y cierra los ojos al conjunto porque eso la llevaría a reconocer sus exigencias como irrealizables. A este conflicto inextinguible, se añade la circunstancia de que ninguna comunidad contempla la posibilidad de reducir su gasto eliminado organismos inútiles, suprimiendo empleos públicos no funcionariales sin contenido real, cortando subvenciones puramente electoralistas o clientelares o comportándose austeramente. Por el contrario, sus nóminas crecen imparablemente, el número de entidades superfluas se mantiene y el dispendio en autobombo no cesa. La suma despilfarrada en la aventura golpista catalana causa doble asombro por lo voluminosa y por la permisividad del Gobierno de la Nación que no ha actuado hasta que el mal ya estaba consumado.