Objetivos y significados

El Secretario General in pectore del PSOE ha declarado que durante su mandato como cabeza de filas del hoy segundo partido de nuestro país tendrá tres objetivos: a) proteger a los más débiles b) unir España y c) construir una Europa diferente a la de la actual mayoría conservadora. El planteamiento de metas genéricas es perfectamente legítimo al inicio del desempeño de una responsabilidad pública y por supuesto no hay obligación de entrar en detalles ni de avanzar de salida programas elaborados, pero el enunciado de meras líneas estratégicas puede ya dar información útil sobre el personaje y sus intenciones. Imaginemos que en lugar de esta trinidad de fines hubiera presentado esta otra: 1) conseguir una sociedad competitiva capaz de generar crecimiento y empleo 2) reformar el Estado para hacerlo viable y eficiente y 3) mejorar el marco constitucional e institucional para garantizar la unidad nacional y la calidad de nuestra democracia. No cabe duda de que este segundo conjunto de propósitos no gana en concreción al primero, aunque salta a la vista qué dice bastante más. De entrada, es imposible proporcionar un mínimo de bienestar a los sectores más vulnerables si no se crea riqueza y no hay creación de riqueza si no se es competitivo en los mercados globales. Asimismo, para que el PIB se incremente, los individuos, las familias y las empresas han de disponer de suficientes recursos para llevar adelante sus iniciativas, lo que implica un gasto público moderado e impuestos no confiscatorios. Es sobradamente conocido que el Estado de las Autonomías y su elefantiásica complejidad no cumple ni de lejos estas condiciones. En cuanto a la cohesión nacional, nuestra actual estructura territorial nos ha arrastrado a la fragmentación y ha dado auge a los separatismos, por lo que no habrá unidad sin su modificación profunda y amplia. Por último, el deterioro de la separación de poderes y la proliferación de la corrupción han estado y están estrechamente ligados a la degradación de nuestra pretendida democracia constitucional en una partitocracia podrida y clientelar, por lo que urge una revisión profunda de nuestras instituciones y nuestro ordenamiento jurídico.


















