En la antigüedad existían unas oficinas a la entrada de las poblaciones, donde se pagaban los derechos de consumo, es decir el impuesto que grava los bienes que se iban a vender al público.
Las naciones, como los seres humanos que las habitan, nacen, viven y mueren. A lo largo de la historia, imperios y reinos han aparecido, se han desarrollado, han tenido períodos de esplendor y en un momento dado han entrado en declive hasta que enemigos externos, luchas internas, guerras, invasiones, colapsos económicos, desastres medioambientales, corrupción de sus gobernantes o una combinación en grado diverso de estos factores los han condenado a la extinción. Italia o Alemania no existían como tales hace doscientos años, y en cambio nos parece que siempre han estado ahí. Polonia se esfumó de la faz de la tierra como Estado soberano durante más de un siglo entre 1795 y 1918, repartida entre Rusia, Prusia y Austria, para emerger de nuevo tras la Primera Guerra Mundial. Yugoslavia y Checoslovaquia también han fenecido en tiempos recientes, la primera en un baño de sangre y la segunda de manera pacífica y pactada. Los ejemplos son tan numerosos que su relación llenaría páginas y cada uno de estos casos de creación o de desaparición de una entidad política delimitada por unas fronteras y sujeto identificable de derecho internacional nos ofrece lecciones que aprender y errores a evitar.
Llevo mucho tiempo pensando que, en nuestro cada vez más pequeño entorno político, se hace verdad aquello de que cuando unos van otros hemos vuelto: que nunca aprovechamos la experiencia anterior de otros y que tampoco aprendemos de pasados errores, ya sean éstos propios o ajenos. Digo esto porque, cuestión asombrosa a estas alturas del Año de Nuestro Señor de 2.018, el candente debate que está ocupando en estos días a todo un sector del falangismo es, nada más y nada menos, el de si deben los falangistas llegar a un acuerdo electoral con la extrema derecha o si, por el contrario, deben seguir batallando en soledad.
Quim Torra representa al autoritarismo más racista, casposo, supremacista, beligerante y separatista de toda la Unión Europea. Su hispanofia ha ido siempre en aumento y acompañada de una sonrisa maliciosa, más aún cuando fue vicepresidente de Òmnium Cultural, una de las asociaciones separatistas subvencionadas con millones de euros por el gobierno secesionista anterior del golpista y prófugo Puigdemont.
Los consejeros de Esquerra no quieren ser restituidos. Es igualmente poco probable que Josep Lluís Trapero acepte volver a ser el mayor de los Mossos. Los que tienen cuentas pendientes con la Justicia, y han tenido el valor de no ser además unos prófugos, saben que la justicia española continuará vigente en Cataluña y han entendido que es inútil la rebelión y que les va a ir mejor si muestran la buena predisposición que como mínimo -muy mínimo, porque habría que mostrar también arrepentimiento- se requiere para pedir clemencia.
Podemos es otra cara de ETA dentro de un sistema al que tanto ETA como Podemos pertenecen, un sistema que ha protegido y mantenido a la ETA desde hace más de 40 años porque le sirvió para construir este régimen con el asesinato de Carrero Blanco, y un sistema que ha creado a Podemos y que lo ha asentado y apuntalado dentro del régimen y que también lo mantiene. Es decir, ETA y Podemos son partes complementarias para cumplir unos objetivos que pasan por la destrucción de España, comparten ideología marxista-leninista, comparten odio a España y más de una vez han compartido actos políticos y sociales, listas electorales, protestas callejeras y tesis estratégicas.
Creo firmemente que pedir la repetición del juicio sobre el asesinato de Marta del Castillo es lo más coherente, razonable y lógico. No ha habido juicio ni siquiera sucedáneo y eso salta a la vista y es de una nitidez y claridad absoluta.
