Otro insólito linchamiento, esta vez al secretario de Estado de Seguridad por haberse reunido con el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid. Los imputados continúan siendo personas inocentes y tendría que ser considerado un delito sugerir sin pruebas lo contrario.

En su provinciano juego de sobreentendidos, el independentismo ha llegado a creerse que España es un país de inútiles al que el mundo desprecia tanto como ellos. La visita de Puigdemont a Carter se vendió como la astucia de una inteligencia superior capaz de burlar a la diplomacia española, con el resultado de dos congresistas durmiendo la mona y el presidente Carter y la embajada de los Estados Unidos desentendiéndose de cualquier complicidad con el secesionismo y reafirmando su compromiso con una España «unida y fuerte».

ETA ha sido derrotada y nosotros hemos ganado. No caben concesiones porque hasta el último segundo en que han podido hacernos daño nos lo han hecho. Sólo cabe la misericordia: pero por nosotros, no por ellos. Y si no lo aceptan no importa: iremos a buscarles y les borraros de la faz de la Tierra.

A la empresa Desokupa ya le han dicho que es de extrema derecha por defender la propiedad privada. Hasta aquí hemos llegado: que se te metan en casa, que no puedas hacer nada para echarles y que quien te ayuda a encontrar la solución sea un facha.

El jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha dicho que el sur gasta en copas y mujeres y que la solidaridad tiene que ir de la mano de la responsabilidad y de los compromisos. El eurodiputado catalán de Los Verdes, Ernest Urtasun, muy guapo pero muy tonto, le ha exigido que se disculpe, a lo que Dijsselbloem naturalmente se ha negado.

Bajo la divisa de «hacer cosas por el país», la tensión nacionalista ha sido un pretexto para la creación de una realidad paralela. Cataluña hace años que vive en los códigos mentales que Jordi Pujol estableció en Banca Catalana, justificando hasta el más escandaloso de los desfalcos si servía para «hacer cosas por el país». Mientras fue «president» estiró el paradigma hasta establecer que si defendía «al país» de un modo tan abnegado e imprescindible era justo que en compensación él, su partido y sus hijos pudieran hacer lo suyo sin que nadie les molestara; y que criticarles y ya no digamos denunciarles por los delitos que pudieran cometer era de mal patriota y de mala persona. Los sucesivos gobiernos del Estado sabían lo que hacían -un Miquel Roca despechado se lo contó al ministro Corcuera cuando Pujol lo echó de Convergència- pero pactaron con él la total impunidad a cambio de que contuviera al independentismo.