120 peruanos okupan un complejo de lujo en Carabanchel
La ocupación ilegal de viviendas en España se ha convertido en un problema creciente. En el distrito de Carabanchel, en Madrid, un grupo de 120 peruanos, entre adultos y niños, invadió 28 artamentos de un complejo de lujo. Alegan haber sido estafados, pero las investigaciones apuntan a que actuaron en complicidad con una mafia que se dedica a la ocupación de propiedades privadas.
El fenómeno de los “okupas” ha proliferado en varias ciudades españolas, y la legislación vigente dificulta los desalojos inmediatos. De acuerdo con el Ministerio del Interior de España, solo en 2023 se registraron 15,289 ocupaciones de inmuebles. El proceso judicial para retirar a los ocupantes puede demorar hasta 24 meses, y si estos alegan vulnerabilidad, el trámite se complica aún más. Además, la ley prohíbe cortarles el suministro de agua y luz.
Un desalojo complicado y mafias organizadas
La inmobiliaria Vivenio, propietaria del complejo, intentó recuperar los departamentos contratando a dos empresas especializadas en desalojos. La primera recurrió a la fuerza, sin éxito. La segunda, Servi-Okupa, ha optado por la negociación, ya que los ocupantes piden entre 10,000 y 15,000 euros para abandonar los inmuebles.
Las investigaciones han identificado a un presunto cabecilla de la banda, conocido como ‘Ronaldinho’, quien, según la inmobiliaria, aparece en redes sociales posando con un rifle de asalto.
El periodista español Cake Minuesa, señala que estas ocupaciones no son espontáneas. “He visto historias también en Barcelona, Navarra, Valencia… este fenómeno cada vez es más grande”.
Según las primeras indagaciones de la policía española, los departamentos habrían sido ofrecidos a los “okupas” en un comedor social de Madrid, donde se les garantizaba un lugar para vivir con contratos falsificados. El boca a boca habría sido clave para que la ocupación se realizara de manera coordinada.
Conflictos con los vecinos españoles
Desde la llegada de los peruanos okupas, los residentes han denunciado un ambiente de hostigamiento y violencia. Diego (33), un hombre que emigró a España hace seis años y que se mudó al condominio en diciembre, relató su experiencia:
“El 30 de diciembre pedí a uno de los peruanos que bajara el volumen porque al día siguiente tenía que trabajar. Me respondieron con insultos y me dijeron que estaban en su casa, que hicieran lo que quisieran. Desde ese día, cada vez que salgo, hay alguien en la puerta mirándome fijamente”.
Otro vecino, José María (38), señaló que los problemas comenzaron inmediatamente después de la ocupación: “Lo primero que hicieron fue tapar las cámaras de seguridad. Luego comenzaron las fiestas con música a todo volumen hasta la madrugada. Se han peleado entre ellos en los pasillos y han dejado manchas de sangre en las áreas comunes”.
Los residentes sospechan que hubo complicidad interna, ya que los ocupantes ingresaron con llaves en mano. “Nos pareció sospechoso que en noviembre cambiaran al conserje y luego del escándalo ese hombre desapareció”, explicó José María.
El problema se agrava porque las autoridades tienen pocas herramientas legales para actuar con rapidez. Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación en España, explicó:
“Aquí la ley dice que cuando ocupas una vivienda, la policía no te puede echar si ya has instalado tus cosas. Entonces tiene que abrirse un proceso judicial que tarda 24 meses. Y si el ‘okupa’ dice ser vulnerable, el proceso es más engorroso”.
Para el periodista Cake Minuesa, esta situación se debe a una política que, aunque en un inicio buscó proteger a personas en riesgo de desahucio, ha permitido abusos. “El gobierno se ha dedicado a luchar contra los desahucios, lo que ha abierto las puertas al caradura, al criminal. Hecha la ley, hecha la trampa”, afirmó.
¿Cuál es la ley que beneficia a los okupas en España?
En 2023, se realizaron modificaciones en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, con el fin de mejorar la regulación del procedimiento de desahucio, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, estas reformas han generado críticas de varios políticos en España, quienes consideran que, en algunos casos, se otorgan más derechos a los okupantes sobre una propiedad que a los propios propietarios.
Un matrimonio de ancianos se queda en la calle por unos okupas
