Podemos la lía antes de empezar: protestas de los vecinos de un pueblo de Madrid a los que quería expropiar sus casas

Podemos no ha participado todavía en ningunas elecciones municipales, pero ya ha logrado ejercer responsabilidades a nivel local tras sumar políticos en activo a sus filas, y su experiencia inicial en la gestión de lo público no ha estado, precisamente, exenta de polémica. El caso en cuestión ha tenido lugar en Los Molinos, un pequeño municipio de la sierra madrileña, cuyos vecinos han logrado frenar un proyecto diseñado por Podemos tras varias semanas de protesta.

El Ayuntamiento, de unos 5.000 habitantes, aprobó el pasado mayo el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio con los votos de los tres partidos que formaban gobierno: PSOE, Primero Los Molinos (PLM) y Convocatoria por Los Molinos-Podemos (CLM-Podemos), cuyo único miembro pertenecía antes a IU y ejercía como concejal de Urbanismo, siendo el principal responsable del plan.

A partir de ese momento, se abrió un período de de consulta pública para realizar las alegaciones pertinentes antes de proceder a su aprobación definitiva, pero la oposición frontal mostrada por el pueblo ha acabado tumbando un proyecto que, al final, tan sólo ha contado con el apoyo de Podemos.

El catálogo incluía un amplio listado con las viviendas y parajes del pueblo que pasarían a estar protegidos bajo la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, pero su extensión era tan extensa y maximalista que levantó airadas protestas entre los vecinos, al ver muy limitado el uso de sus respectivas propiedades ya que, en función del grado de protección decretado, no podrían reformar o vender sus viviendas y, además, tendrían que hacer frente a costes de conservación adicionales.

Como consecuencia, el plan recibió cerca de 250 alegaciones, mientras que el PP, en la oposición, lanzó una campaña en la que recogió más de 700 firmas en contra del proyecto, bajo el título Mil formas de destrozar un pueblo. Acoso a la propiedad privada.

Por ello, los concejales populares presentaron el pasado julio una iniciativa municipal alegando, entre otros puntos, lo siguiente:

• Que el Catálogo no había sido redactado por los Servicios Técnicos Municipales y tampoco había contado con el consenso de los vecinos afectados.
• Que la relación de inmuebles contenía "imprecisiones, ambigüedades y errores".
• Que el "número de inmuebles (409 fichas), construcciones militares (138 fichas), así como otras construcciones como mojones, depósitos, elementos singulares, vallas, caceras de riegos, etc. [...] es desproporcionado respecto al patrimonio edificatorio de Los Molinos". El municipio apenas cuenta con 3.000 viviendas y el proyecto inicial afectaba a cerca de 500 inmuebles.

Además, gran parte de los inmuebles incluidos contradecían el Plan General de Ordenación Urbana vigente (PGOU), y, según la ley, ninguna norma de menor rango puede modificar otra de rango superior. "El Catálogo de Bienes no es el instrumento urbanístico adecuado para modificar lo que dispone el PGOU en cuanto a las determinaciones de la calificación urbanística".

Sin embargo, lo que más molestó a los vecinos fueron las fuertes restricciones que imponía el proyecto al derecho de propiedad privada. No en vano, en función del grado de protección establecido, muchos vecinos se verían afectados de forma directa por la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid:

Protestas de los vecinos y marcha atrás del Ayuntamiento

El rechazo mayoritario del pueblo obligó al Ayuntamiento a dar marcha atrás. Así, en un Pleno extraordinario celebrado el pasado 1 de agosto, convocado a solicitud del PP, el Gobierno municipal acordó retirar el Catálogo diseñado por el concejal de Podemos.

El Pleno se celebró en medio de una gran tensión, con casi un centenar de vecinos agolpados a las puertas del Ayuntamiento para intentar presenciar la sesión. El alcalde, del PSOE, alegó la necesidad de "buscar un consenso, ante un proyecto que condiciona el futuro del pueblo". El portavoz del PP, por su parte, insistió en que el proyecto era ambiguo y fue realizado por el capricho de personas que no disponían de la formación adecuada, generando una gran inseguridad jurídica en los propietarios.

Mientras, el concejal de CLM-Podemos anunció que su grupo se retiraba del equipo de gobierno ante la marcha atrás del alcalde. Su intervención se desarrolló en un contexto de abucheos, interrupciones e incluso insultos por parte de algunos de los asistentes. Finalmente, la suspensión del proyecto fue aprobada con los votos a favor de PP (5) y PSOE (2), la abstención de PLM (2) y el único voto en contra de CLM-Podemos.