Incoherencia en el caso del bebé de Mallorca: cuestionan al perito validado por sentencia firme, pero la autora de la autopsia es médico estética
El perito médico forense Dr. Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos, especialista universitario en medicina forense, ha denunciado públicamente la contradicción institucional que rodea el conocido caso del bebé de Mallorca, después de que se haya reabierto una polémica sobre su titulación (ya zanjada judicialmente) mientras que el informe de autopsia definitivo fue firmado por una profesional cuya actividad acreditada corresponde a la medicina estética y no a la especialidad de Medicina Legal y Forense.
“Se ha cuestionado al único perito con una sentencia firme que ha acreditado su condición de perito médico, mientras se omite que la firmante del informe oficial no posee la especialidad forense que su propio cargo exige”, declara el Dr. Cuadrado.
Una absolución firme ignorada
Un Juzgado de lo Penal de Madrid, absolvió plenamente a Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones.
La resolución (declarada firme el 15 de junio de 2022) establece expresamente que sus títulos son auténticos y verificables, aunque no necesitan ser homologados para ejercer en España, y que ello “no implica falsedad alguna”.
Asimismo, la sentencia reconoce que el acusado figura en los listados oficiales de peritos judiciales y que “no cabe apreciar engaño en su conducta”.
“La justicia ya dictó sentencia y me absolvió. Mis títulos fueron comprobados, mi trabajo es legítimo y mi labor pericial se ajusta a la ley. Todo lo demás es ruido extraprocesal”, explica Cuadrado.
Pese a ello, durante el juicio con jurado de Palma se reavivaron dudas mediáticas sobre su habilitación profesional, mientras el informe forense principal del procedimiento pasó sin contraste alguno.
La paradoja procesal
Según ha podido verificarse, la profesional que firma el informe definitivo de autopsia figura en registros de acceso público y en su propio sitio web institucional como médico dedicada a la medicina estética, sin constancia de la especialidad en Medicina Legal y Forense.
De confirmarse oficialmente, esto supondría que el documento pericial más relevante del caso fue emitido por una profesional no especializada en la disciplina médico-legal que se le atribuye.
“Resulta paradójico que a mí se me haya exigido demostrar una titulación ya validada por la justicia, mientras no se ha pedido igual comprobación a quien suscribe una autopsia judicial”, afirma el perito.
“Si se trata de rigor, que se aplique el mismo a todos los intervinientes.”
Qué dice la ley
La Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 457 y sucesivos) establece que cualquier persona “entendida en la materia” puede actuar como perito, y que la valoración de su idoneidad corresponde al tribunal, no a colegios profesionales ni a institutos médico-legales.
En cambio, para ejercer como médico forense funcionarial, la legislación española (RD 704/2020) exige poseer la especialidad en Medicina Legal y Forense, obtenida vía MIR o equivalencia reconocida por el Ministerio de Sanidad.
Doble rasero y daño reputacional
El Dr. Cuadrado denuncia que esta situación refleja un doble rasero institucional y una “caza mediática” en su contra.
“Durante días se me presentó como un supuesto impostor, cuando un tribunal español ya había confirmado la autenticidad de mis títulos y mi habilitación profesional. Nadie revisó, sin embargo, la capacitación de otros actores del proceso.”
El perito recuerda que su labor no es médica-asistencial sino técnico-jurídica, y que la LECrim no exige homologación sanitaria para la pericia judicial privada.
“Mi función no es diagnosticar ni tratar pacientes, sino interpretar informes, valorar lesiones y trasladar conclusiones científicas al tribunal. La ley lo ampara con total claridad”, afirma.
Transparencia y derecho al honor
El profesional, que actúa habitualmente ante distintos Tribunales Superiores de Justicia de España, anuncia que continuará ejerciendo su derecho al honor y a la veracidad informativa frente a las noticias falsas que circulan sobre él.
“No pido favores, pido justicia. Que se exija la misma transparencia a todos. Si mis títulos fueron revisados y validados judicialmente, es lógico que se verifique la formación de quienes emiten dictámenes forenses oficiales.”
Asimismo, expertos consultados consideran que el Tribunal del Jurado de Palma debería dejar constancia de lo sucedido, para garantizar la igualdad procesal (art. 14 CE) y la libre valoración de la prueba (art. 741 LECrim) sin contaminación mediática.
Un llamamiento a la coherencia institucional
El Dr. Cuadrado insiste en que su intención no es personalizar el conflicto, sino defender la integridad del proceso judicial:
“La justicia no puede permitir que se cuestione al perito absuelto en firme y se ignore la formación de quien firma la autopsia. Es una cuestión de coherencia, no de nombres.”
El perito finaliza con un mensaje claro:
“Estoy absuelto por sentencia firme. Mis títulos son auténticos, mi labor es legítima y mis informes están avalados por tribunales. Lo único que reclamo es que se aplique el mismo nivel de verificación a todos los que intervienen en un proceso tan sensible como el del bebé de Mallorca. Solo así habrá verdadera justicia.”
