En una nación como España, forjada en la grandeza de imperios que dominaron los mares y extendieron su influencia por el mundo, la corrupción no es solo un delito: es una traición suprema. Es el robo de lo más sagrado que poseemos como pueblo: la riqueza colectiva, el sudor de generaciones que han labrado esta tierra con honor y sacrificio.
José Luis Ábalos Meco no es santo de mi devoción, incluso estamos enfrentados en los Tribunales, por su supuesto derecho al honor, pero sí respeto sus derechos fundamentales a la vida, y a la presunción de inocencia, como corresponde en un Estado de Derecho.
Cuando un miembro de una organización criminal es cogido in fraganti, puede hacer dos cosas:
Soy jurista, y como tal me es imposible no alzar la voz en defensa de la separación de poderes, y del Tribunal Supremo de España, máxima instancia judicial independiente de nuestra Patria.
La condena del Tribunal Supremo contra el fiscal general no es sólo una condena contra Álvaro García Ortiz. Lo es también para el Gobierno radical de izquierdas de Pedro Sánchez y sus intentos de manipular la justicia española a su antojo al más puro estilo autoritario.
El virus Woke ha sido inoculado de tal manera en Europa y en occidente, que cualquier cosa, por insignificante que sea, es tachado de “fascismo” por el mero hecho de emplear el sentido común.
No me refiero a la merecida condena al fiscal general del régimen comunista sanchista, sino a la actuación de un nutrido grupo de ¿fiscales?, aplaudiendo al presunto delincuente (ahora, ya delincuente), en días pasados, como si fuera una estrella del rock.
