Según escribo esta semana en Periodista Digital, y por cosas del azar, Pedro Sánchez y Alberto Rivera lo tienen a huevos para arrinconar contra las cuerdas a Mariano Rajoy. Y que conste que no soy sospechoso de ser amigo de ninguno de los dos. Ni de los tres.
Hay etiquetas que, a pesar de usarse de manera hueca, se venden bien en determinados patios ideológicos. En consecuencia, cuando un político quiere sacar pecho, especialmente si fracasa en el arte de gobernar, acostumbra a ir al catálogo. Al fin y al cabo, la incapacidad política tiende a camuflarse con el postureo retórico.
El primer Alderdi Eguna fue el último domingo de septiembre de 1977. Al último en Foronda, también el último domingo de setiembre, le faltó algo de pulso. Pero éste año tomará las espinacas de la campaña electoral y una semana antes será el gran mitin de campaña. Y por todo lo alto.
Dejando aparte los motivos actuales aducidos por Albert Rivera y Pedro Sánchez para negarse a permitir con su voto favorable o con su abstención la investidura de Mariano Rajoy como Presidente de Gobierno, existen sólidas razones que en muchos países europeos de asentada cultura democrática hubieran determinado desde hace bastante tiempo la dimisión del líder del PP como máximo responsable de dicha formación. Está en primer lugar su evidente incapacidad como gobernante. A finales de 2011, tras la desastrosa etapa Zapatero, España se encontraba inmersa en una crisis galopante que afectaba a los ámbitos económico, institucional, moral y de unidad nacional. Los votantes, conscientes de la gravedad de la situación y profundamente decepcionados por el sectarismo y la frivolidad del entonces Secretario General del PSOE, se arrojaron en brazos del Partido Popular otorgándole la mayoría absoluta más amplia de su historia. A esta circunstancia se añadía la desmoralización completa de un Partido Socialista descabezado y derrotado, lo que ofrecía a Rajoy en aquel momento la posibilidad real de acometer las reformas estructurales que España necesitaba sin tener que vencer apenas resistencia. Si en el primer semestre de 2012 hubiese puesto en marcha, tal como le reclamaron no pocas voces serias de su espacio ideológico, una ambiciosa agenda política abarcando la estructura territorial del Estado, la independencia de la justicia y de los órganos reguladores, la calidad de la educación, la flexibilidad del mercado laboral, la fiscalidad, la eficiencia de la Administración, la reducción del gasto público consuntivo, la democratización interna de los partidos, la erradicación de la corrupción y la mejora del sistema electoral, hoy nuestro país estaría en condiciones de aprovechar al máximo la recuperación. Si con la clase política más incompetente y venal de Europa y un Estado que drena recursos a un ritmo insostenible, estamos creciendo al 3%, no cuesta imaginar como estaríamos si Rajoy hubiese aprovechado la coyuntura extremadamente favorable que se le brindó hace cinco años.
El pacto entre PP y Convergencia es un clásico de la política española y ha vuelto precisamente cuando más enrarecidas están las relaciones entre los dos partidos, así como las relaciones entre Cataluña y el Estado. Los populares necesitaban romper su aislamiento y el deshielo de las relaciones con sus viejos socios no les va a servir para la investidura pero sí para afrontar algunas votaciones en un parlamento donde sólo tienen 137 diputados.
Ahí hemos visto a Quico Homs, el independentista. Ahí hemos visto la veracidad y la nobleza de su discurso secesionista, y el precio que tiene su honor.
