Hijos de puta

Carlos Iturgaiz ha dicho que todos los que silbaron el himno en la final de Copa son unos hijos de puta. Yo no creo que todos fueran unos hijos de puta.

Carlos Iturgaiz ha dicho que todos los que silbaron el himno en la final de Copa son unos hijos de puta. Yo no creo que todos fueran unos hijos de puta.

He tenido el placer recientemente de debatir con Gabriel Rufián sobre la Monarquía. Catalunya Ràdio, la emisora gubernamental catalana, ha concebido la feliz idea de epilogar la final de la Copa del Rey con este sosegado cambio de impresiones entre el diputado republicano y separatista -combinación sin duda extrema- y yo, considerando acertadamente que semejante diálogo podría ofrecer a sus oyentes el interés que siempre aportan los contrastes auténticos. He de decir que el tono y la actitud del joven y aguerrido representante del partido de Maciá y Companys han sido en todo momento de una absoluta corrección e impregnados del respeto que se supone merece una persona de tan larga trayectoria pública como la mía, libre de la atención de la fiscalía. En relación a la buena educación mostrada por mi interlocutor, por tanto, nada que objetar. Sus opiniones sobre la institución objeto de análisis, completamente subjetivas y parciales, emanan claramente de un apriorismo ideológico inconmovible. Es lo que tienen los revolucionarios, se niegan por sistema a que la realidad les estropee un buen incendio. Sin embargo, más que referirme a nuestra discusión sobre formas de Estado, quiero partir de este encuentro para reflexionar brevemente sobre la conexión entre fondo y forma, clásico asunto que ha entretenido a no pocos pensadores y artistas.

Cada vez que un atentado yihadista sucede en Europa, se pone en marcha un mecanismo de control social al que podemos llamar BUENISMO.

El referendo separatista y los 47 millones de euros de la familia Ortega es lo mismo que Homs diciendo que le han declarado la guerra a España mientras su partido ayuda al PP con los estibadores a cambio de que el Gobierno le tape a Convergència las vergüenzas por el caso Palau. También Mas quiso hacerse el héroe en las puertas de los juzgados del 9N diciendo que la democracia está por encima de las leyes para justo después lloriquear ante el juez que no había cometido ninguna ilegalidad.

El domingo 21 fue un día muy largo para muchos militantes como yo. Madrugamos, fuimos de interventores a las mesas (como si se tratase de unas elecciones generales) para participar en una elección decisiva. No solo se trataba de elegir una cara o un equipo, sino un modelo de partido y una estrategia política.

El sindicato AMES ha presentado al Ministerio de Educación un largo y detallado informe sobre el adoctrinamiento ideológico que se lleva a cabo en Cataluña a través de los libros de texto sobre los alumnos de quinto y sexto de Primaria. La lectura de su centenar largo de páginas produce a la vez estupefacción y alarma. España es el único Estado del mundo occidental en el que en una parte de su territorio se enseña a los niños a odiar a ese mismo Estado y en el que no es posible utilizar su lengua oficial como vehicular en las aulas. Cuando este absurdo se explica a ciudadanos de otros países europeos, la primera reacción es de incredulidad y, superada ésta ante la contundencia de los hechos, la segunda es concluir que el Gobierno español está formado por una pandilla de inútiles con sangre de horchata. Yo viví este fenómeno en primera persona durante mis tres mandatos en la Eurocámara entre 1999 y 2014, donde mis colegas alemanes, daneses, finlandeses, franceses u holandeses, se negaban a aceptar que tal cosa pudiese suceder en un Miembro de la Unión y una vez comprobado que, por delirante que pareciese este disparate, correspondía a la verdad, me miraban con conmiseración y hacían oscilar la cabeza con reprobación ante tal muestra de cobardía e irresponsabilidad por parte de las autoridades de una democracia supuestamente seria.

Incluso en estos tiempos en que parece que todo ha cambiado y que los muros se han venido abajo es dulce constatar cómo las clásicas constantes de la política española permanecen inalterables.