El juez Santiago Pedraz acaba de anunciar la apertura de juicio oral contra el que suscribe, en la conocida “Operación Nelson”. (Por cierto, sigo sin saber porque se eligió ese nombre… Si alguien lo conoce, agradecería lo dijera en un comentario al artículo, por ejemplo).
Conchi, como habitualmente la llamaban, merece una justicia justa y para ello una investigación profunda y no superficial, ese irse por las ramas y suponer cuando además de la autopsia hay otras variables importantísimas que influyen como es el entorno y la relación con su entorno.
La ocupación ilegal e intimidatoria de los espacios públicos catalanes por lazos amarillos de todos los tamaños y ubicaciones tiene como fin hacer visible de cara a la opinión pública mundial y del resto de España una Cataluña homogénea, pétreamente independentista, solidaria con los prófugos y los encarcelados preventivamente por rebelión, sedición y otros graves delitos, e injustamente oprimida por un Estado represor. Los secesionistas son maestros en acuñar símbolos, eslóganes, cánticos y referencias movilizadoras de las emociones en la misma medida que los dos grandes partidos nacionales han demostrado hasta la saciedad su total incapacidad en este terreno. Durante décadas los separatistas han ido construyendo, sin respuesta apreciable por parte del PP y del PSOE, mediante los medios de comunicación, las escuelas, la Administración, el riego de subvenciones e incluso el deporte, su nacioncilla imaginaria y supuestamente agraviada por un enemigo exterior también inventado, de tal manera que una gran parte de la sociedad catalana se convirtiera en una olla a presión dispuesta a estallar.
La mayoría de los medios llevaban entre sus titulares, días atrás, la posible reprobación en las Cortes de la Ministra de Justicia Dolores Delgado, dado su posicionamiento inicial ante la denuncia formulada en Bélgica, por Puigdemont y cuatro de sus ex consellers, contra el magistrado Pablo Llarena, por unas supuestas declaraciones de éste contra los políticos independentistas huidos, en las que de forma deliberada se falseaba la traducción que le incriminaba. Delgado se posicionaba contra el magistrado al declarar que su procesamiento era una cuestión privada y su defensa no se costearía desde el Estado. Cuando le arreciaron las críticas le saldrá al quite Sánchez, enmendándola la plana, y no le quedará otra que dar un bandazo de ciento ochenta grados y declarar que el estado español costeará los gastos del bufete que defenderá a Llarena.
Este “chiste” representa a la perfección las ideas del separatismo catalán. Ha sido publicado en EL NOU 9, edición de Osona, el 31 de agosto de 2018.
Este pasado sábado las redes sociales iban llenas con dos noticias: La identificación de un famoso periodista, Arcadi Espada, por redecorar el lazo amarillo de una rotonda en L’Ametlla de Mar y la agresión a una mujer que retiraba lazos amarillos en el parque de la Ciudadela de Barcelona.
Un Gobierno cuyo partido tiene la cuarta parte de los escaños de la Cámara Baja y que se sostiene gracias al apoyo de grupos cuyo objetivo es liquidar el orden constitucional, acabar con España como Nación de ciudadanos libres e iguales y poner en solfa el marco conceptual y económico de la Unión Europea, no puede disfrutar, en principio, de un largo recorrido. Sin embargo, Pedro Sánchez espera realizar el milagro de durar hasta el final de la presente legislatura en junio de 2020. Su plan para conseguir tan difícil objetivo está a la vista: prodigar los gestos efectistas sin mayores consecuencias reales, entretener a los separatistas catalanes mediante concesiones que no alteren las bases del sistema político y halagos apaciguadores que calmen su agresividad, y mantener a su lado a Podemos estirando hasta el límite que tolere Bruselas el déficit y el endeudamiento para poner en marcha medidas “sociales” que permitan a las huestes de Pablo Iglesias apuntarse tantos frente a su parroquia. Como estrategia dadas las circunstancias no parece irracional y el Secretario General del PSOE está convencido de que le va a funcionar y de que le colocará en buena posición en el momento de llamar a las urnas dentro de veintiún meses. Además, la fragilidad del líder de la primera fuerza de la oposición por el procedimiento judicial en marcha sobre sus discutibles logros académicos dibuja un escenario también a su favor y, en caso de que el Tribunal Supremo decidiese imputarlo por los delitos señalados por la jueza de instrucción, el horizonte del actual inquilino de La Moncloa se despejaría considerablemente.
