MEDITERRÁNEO DIGITAL inicia acciones legales contra Sarah Santaolalla
Los servicios juridicos de MEDITERRÁNEO DIGITAL han presentado una demanda de conciliación contra la tertuliana y activista Sarah Santaolalla como paso previo a una eventual querella por injurias graves con publicidad.
La acción judicial ha sido promovida por la compañía representada por Edgar Sánchez Agulló y dirigida por el letrado Ignacio Toledano Martínez, ante los juzgados de Pozuelo de Alarcón.
Según el escrito presentado, la controversia tiene su origen en unas manifestaciones realizadas por Sarah Santaolalla en la red social X el pasado 28 de mayo de 2026, en referencia a una información publicada previamente por MEDITERRÁNEO DIGITAL bajo el título «El PSOE será ilegalizado si la Audiencia Nacional prueba la financiación ilegal del partido».
En concreto, la demanda de conciliación sostiene que la comentarista calificó el contenido publicado por este medio como «desinformación» y afirmó que estaba «pagada con dinero público», añadiendo además que los responsables del periódico eran «unos criminales de la información».
Es gracioso hasta que descubres que esta desinformación está pagada con dinero público.
Son unos criminales de la información. https://t.co/EVdFAkerrp pic.twitter.com/X4osTSTFCW— Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) May 28, 2026
La representación jurídica de MEDITERRÁNEO DIGITAL considera que dichas expresiones exceden los límites de la crítica política y del debate público, por lo que solicita que la demandada reconozca el carácter injurioso de las manifestaciones realizadas y proceda a rectificarlas.
Asimismo, el escrito plantea la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el acto de conciliación mediante el reconocimiento de los hechos y el abono de una indemnización por daños y perjuicios.
Fuentes jurídicas consultadas por este medio recuerdan que el acto de conciliación constituye un trámite previo previsto por la legislación procesal para determinados delitos, y que su finalidad principal es intentar una solución extrajudicial antes de la apertura de un eventual procedimiento penal.
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