MEDITERRÁNEO DIGITAL pone en conocimiento de la Fiscalía las declaraciones de Elena Reinés
Los servicios jurídicos de MEDITERRÁNEO DIGITAL han puesto en conocimiento de la Sección de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Madrid una serie de hechos relacionados con la periodista y comunicadora Elena Reinés, directora del canal Woke Up News, por si los mismos pudieran ser constitutivos de un delito de odio previsto en el artículo 510 del Código Penal.
El escrito ha sido presentado y firmado por Edgar Sánchez Agulló, director de MEDITERRÁNEO DIGITAL, con la asistencia técnica del letrado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid Ignacio Toledano Martínez.
Según el documento remitido al Ministerio Público, los hechos expuestos estarían relacionados con diversas declaraciones públicas realizadas por Elena Reinés en las que se acusa al medio digital de participar en una supuesta campaña de “acoso, amenazas y odio” contra su persona.
El origen del conflicto
El origen de la controversia se sitúa en una información publicada por MEDITERRÁNEO DIGITAL el 25 de enero de 2026 en relación con la actividad pública de Elena Reinés, conocida en redes sociales por su canal Woke Up News.
De acuerdo con el escrito presentado ante la Fiscalía, la publicación se enmarca dentro de la actividad informativa habitual del medio y recogía hechos y posicionamientos difundidos previamente por la propia comunicadora en sus perfiles de redes sociales.
El documento recuerda además que esta actividad se encuentra amparada por el derecho fundamental a la libertad de información y de opinión recogido en el artículo 20 de la Constitución española.
Declaraciones públicas contra el medio
Según se expone en el escrito, Elena Reinés habría realizado posteriormente diversas declaraciones en entrevistas y medios de comunicación en las que acusa directamente a MEDITERRÁNEO DIGITAL de formar parte de una supuesta campaña coordinada de acoso y amenazas contra su persona.
En esas intervenciones públicas se mencionan mensajes de odio y amenazas que, según la comunicadora, habría recibido a través de redes sociales, atribuyendo el origen de ese clima de hostilidad a informaciones publicadas por el medio.
Los servicios jurídicos de MEDITERRÁNEO DIGITAL sostienen que estas acusaciones implican la atribución pública de conductas delictivas inexistentes y que podrían generar una campaña de hostilidad hacia el medio de comunicación por motivos ideológicos.
Posible delito de odio
El escrito plantea que las declaraciones públicas realizadas por Elena Reinés podrían encajar en el tipo penal del artículo 510.1 del Código Penal, que sanciona la incitación pública al odio, la hostilidad o la discriminación contra personas o colectivos por motivos ideológicos.
Según se argumenta, las manifestaciones realizadas por la comunicadora podrían haber tenido como finalidad desacreditar al medio y generar hostilidad contra su línea editorial, que ella misma ha calificado públicamente como «fascista» y de «extrema derecha».
El documento recuerda asimismo que, en caso de considerar que una información es falsa o injuriosa, existen instrumentos legales ordinarios —como el derecho de rectificación o las acciones judiciales correspondientes— para canalizar ese tipo de controversias.
Traslado a la Fiscalía
El escrito solicita a la Fiscalía Provincial de Madrid que valore los hechos expuestos y determine si pudieran ser constitutivos de un delito de odio u otras infracciones penales.
La puesta en conocimiento de estos hechos fue presentada en Madrid el 9 de marzo de 2026 y queda ahora a la espera de que el Ministerio Público analice el contenido del escrito y determine, en su caso, las actuaciones que procedan.
MEDITERRÁNEO DIGITAL no va a permitir ninguna acción, señalamiento o acusación pública que pretenda coartar su línea editorial ni limitar su legítimo derecho a informar y opinar dentro del vigente marco legal.
Medio de comunicación fundado en 2010, MEDITERRÁNEO DIGITAL reitera su firme compromiso con el ejercicio responsable del periodismo y con la defensa de la libertad de información consagrada en el artículo 20 de la Constitución española.
