El número de personas que dependen directamente de subsidios públicos en España continúa creciendo y se acerca ya a los tres millones. Si se suman los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y de la Renta Mínima de Inserción (RMI) gestionada por las comunidades autónomas, el total asciende a 2,82 millones de personas que perciben algún tipo de ayuda económica directa del Estado.
Una información deleznable que refleja la podredumbre moral del Gobierno socialista.
MEDITERRÁNEO DIGITAL ya publicó en su día de que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, habría colocado a Jessica Rodríguez y Claudia Montes —personas de su entorno personal— en Renfe y ADIF, respectivamente. Aquella información, que generó una fuerte polémica política, adquiere hoy una nueva dimensión a la luz del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) y del debate abierto sobre la degradación de las infraestructuras ferroviarias en España.
La crisis ferroviaria destapada tras el accidente de Adamuz (Córdoba), que ha dejado 41 muertos y 125 heridos, no se limita a fallos técnicos puntuales. Diversas fuentes del sector ferroviario apuntan a un cambio estructural en el modelo de control y mantenimiento de la red, en el que ADIF habría reducido o eliminado mecanismos de supervisión técnica independiente, concentrando decisiones clave en cargos de designación política.
Una comparación sonrojante. El choque frontal de trenes ocurrido en Tempe (Grecia) el 28 de febrero de 2023, que dejó al menos 57 muertos y más de 80 heridos, provocó una reacción política inmediata. Kostas Karamanlis, entonces ministro de Transportes griego, presentó su dimisión apenas horas después del accidente, asumiendo la responsabilidad política por el fallo del sistema ferroviario, aun sin haberse determinado culpabilidades penales.
España destina aproximadamente un tercio de la inversión en mantenimiento ferroviario que realizan países como Francia o Italia, pese a contar con una de las redes de Alta Velocidad más extensas de Europa. El dato cobra especial relevancia tras el accidente de tren de Adamuz (Córdoba), que ha dejado 39 muertos y 125 heridos, y que ha puesto bajo los focos el estado real del sistema ferroviario español.
El tramo ferroviario Guadalmez–Córdoba, escenario del accidente de tren de Adamuz que ha dejado ya 41 muertos y 125 heridos, fue finalizado en mayo de 2025 tras una actuación de renovación integral en la que participó la constructora andaluza Azvi, integrada en una Unión Temporal de Empresas (UTE) junto a Ferrovial, OHL, Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania y Contratas y Ventas.
El pasado 12 de febrero de 2025, MEDITERRÁNEO DIGITAL ya publicó en exclusiva que el Gobierno español aprobó un crédito reembolsable de hasta 750 millones de euros para financiar el servicio ferroviario de Marruecos, destinado a la adquisición de hasta 40 trenes interurbanos que se construirían con participación de empresas españolas como CAF.
