La vivienda, sin acampadas ni batucadas
Este pasado 12 de octubre se falló el Premio Nobel de Economía de este año 2026, que ha sido concedido a Robert Hall y Michael Woodford. Son dos economistas estadounidenses. Hall (1943) es profesor de la Universidad de Stanford, mientras que Woodford (1955) es profesor de Economía Política en la Universidad de Columbia.
Pertenecen a la Escuela de economía llamada neokeynesiana. Su idea central, gracias a la cual han sido galardonados, es que las políticas públicas sí que pueden funcionar, y en parte por lo que la gente espera de ellas. La credibilidad del gobierno y la previsibilidad de sus acciones legislativas es primordial, básica.
Dado esto, ¿es posible que un gobierno en España pueda empezar a solucionar, de verdad, el problema de la vivienda? No voy a hablar del actual gobierno de Pedro Sánchez, basado en palabras vacías en las que solamente cree quién quiere creer. Ni es digno de crédito (solamente hay que ver su actuación en el caso de Ceuta, mintiendo en la cara a los ciudadanos y al parlamento) ni tampoco es previsible, metiendo miedo a propietarios y dejando a los más desprotegidos a la intemperie.
¿Puede el neokeynesianismo ofrecernos alguna solución? Veamos.
Se calcula que faltan en España entre 600.000 y 700.000 viviendas. Se terminan unas 100.000 al año y se forman más de 200.000 hogares nuevos. Además, la vivienda pública de alquiler asequible ronda el 2,5 % del total, cuando la media europea anda cerca del 9 %. Lo que significa que quien no llega a los precios del mercado se queda sin alternativas dignas. La emancipación pasa de los 30 años y en alquileres que se llevan mucho más de la mitad del sueldo de los jóvenes (y no tan jóvenes). ¿Qué no se debe hacer y se está haciendo? topar precios sin construir más; normas que cambian; competencias poco claras repartidas entre el Estado central y las autonomías; y sentencias que tumban leyes que ya se aplicaban.
Lo que se debería hacer: tener un Estado que actúe (liberalizar a lo bestia no sirve) pero de manera previsible a ojos de todo el mundo, con medidas temporales de choque que cumplan unos plazos concretos. Lo más urgente es construir vivienda pública de alquiler, subiendo la oferta del 2,5 % a un 8 o 10 % en diez o quince años, con suelo público y con empresas públicas que promuevan, asociadas a privadas, dando a éstas un trato fiscal flexible. Para eso es necesario intervenir para extender en el mercado laboral la Formación Profesional en construcción, edificación con técnicas avanzadas y licencias más rápidas. La intervención en precios ahora mismo sigue siendo necesaria, PERO, como medida de emergencia, solo en zonas realmente tensionadas, con indicadores para entrar y salir, fecha de caducidad y un plan de oferta detrás. Mientras se soluciona el problema harán falta ayudas al alquiler y ayudas para desahuciados sin alternativa.
En cuanto a los propietarios, es necesario hacer claras distinciones: no es lo mismo una familia con dos pisos heredados que alguien con doscientos inmuebles. A los grandes tenedores se les debe exigir más: contener precios, ofrecer parte de sus propiedades a precio asequible, pagar impuestos por viviendas vacías sin causa para ello, y cumplir normas claras en pisos turísticos. En cambio, con el pequeño propietario el asunto debe ser diferente, hay que animarle a alquilar. El miedo al impago, a la lentitud de los juzgados, al deterioro de la casa y a los cambios constantes en las leyes tiene como resultado miles de pisos cerrados. Hay que actuar de urgencia: establecer un seguro público para impagos; juzgados especializados con procedimientos ágiles; mediación y servicios sociales cuando hay vulnerabilidad real; y deducciones fiscales para quien alquile a precios asequibles. Detrás está una sencilla lógica: si un riesgo frena una inversión privada que es de utilidad pública, entonces es el sector público quien debe asumirlo, o repartirlo.
La gran medida, y ahí entra el neokeynesianismo, es la garantía de la transparencia y la seguridad jurídicas. Que todos sepan a qué se está jugando. Tiene que haber una gran ley estatal para todas las comunidades, que cubra lo básico. Luego, cada comunidad que establezca sus normas adosadas, en función de sus necesidades específicas. Que haya índices oficiales fiables, evaluaciones del mercado independientes, cláusulas de revisión, etc.
Las masas de inmigrantes que desde hace 30 años asolan nuestro país tienen su parte en este problema. Hace falta una política remigratoria eficaz que en una primera fase debe empezar por las expulsiones masivas de delincuentes fichados y trabajadores ilegales. No es normal que en un piso haya 20 personas ocupando habitaciones: es insalubre, es ilegal, es inhumano.
Del mismo modo es perjudicial la existencia de una España vaciada, con amplios espacios sin ocupar. Se podrían edificar casas y crear infraestructuras más repartidas que hicieran desaparecer las actuales zonas tensionadas y pudieran favorecer grandes obras de vivienda pública asequibles para familias jóvenes.
Puede haber un mercado ágil, funcional, pero el respaldo de un Estado fuerte es imprescindible. La improvisación debe desaparecer. Y esto no se lograría en un año, ni en dos, tres o cuatro. La urgencia pasa por empezar YA. Quien os diga que va a hacer lo que no hizo en ocho años, miente; quien diga que va a construir un millón de viviendas de repente, miente; quien diga que solamente hay que deportar en masa para hacer sitio, miente. Y quien hable de expropiaciones forzosas y alquileres a precios de risa, que regrese al túnel del tiempo. Esto exigirá un esfuerzo que no se puede medir en legislaturas, un esfuerzo que el reparto de dinero público nunca suplirá: hay que tener un plan a largo plazo. Y ese es nuestro gran problema en un sistema democrático liberal, cortoplacista y embustero por naturaleza, centrado solamente en la supervivencia de sus élites.
