4 años de cárcel y 50 millones de multa para la cúpula de UGT por robar como si no existiera un mañana
La Audiencia de Sevilla ha condenado a tres años de cárcel y al pago de una multa de 50 millones de euros al que fuera secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, por delitos de falsedad y fraude en la gestión de las subvenciones que el sindicato recibió de la Junta de Andalucía por valor de 40,6 millones de euros para impartir formación a personas desempleadas. El tribunal considera probada que esos fondos se destinaron a fines distintos a los legales, principalmente actividades propias del sindicato.
Los jueces también imponen estas mismas condenas a otros tres altos cargos del sindicato, que son el exvicesecretario general de administración de UGT-A Federico Fresneda; la que fuera secretaria de gestión económica del sindicato María Charpín, y el entonces consejero delegado de la entidad Soralpe Enrique Goicoechea, mientras que también condena a la que era responsable del departamento de Compras de UGT-A Dolores Sánchez, aunque en este caso como cómplice de los delitos referidos y le impone seis meses y dos días de cárcel y multa de 25 millones de euros.
Los cinco condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía por un importe de 40.620.256,43 euros y se declara responsable civil subsidiaria a UGT-A por el importe total.
El tribunal justifica la las penas por la "gravedad" de las conductas, la elevada cuantía de lo defraudado, el perjuicio causado a los trabajadores a cuya formación estaban destinadas las subvenciones y en general para la sociedad y la "alarma social que producen actuaciones delictivas como las ahora sentenciadas, y más cuando son ejecutadas por agentes sociales a los que, precisamente, se les conceden las subvenciones por su proclamada defensa de los intereses de los trabajadores y desempleados".
Los jueces rechazan como atenuante que se haya reparado el daño, como habían alegado las defensas tras invocar el acuerdo alcanzado entre la Junta y el sindicato para devolver parte de lo defraudado a plazos durante 25 años a través de los múltiples procedimientos de reintegro abiertos por la administración autonómica. A este respecto, la sentencia apunta que ese acuerdo no implica el pago total de las ayudas desviadas y recuerda que el propio sindicato tiene impugnados muchos de esos procedimientos. El sindicato, afirma el tribunal, "no ha hecho esfuerzo alguno en reparar el daño causado al erario público en este procedimiento".
Los descuentos y facturas infladas alimentaban el "bote"
Los hechos juzgados se produjeron entre 2009 y 2013 cuando, por decisión de la dirección de UGT, se pusieron en marcha una serie de procedimientos contables para, a través de las facturas que se cursaban con los proveedores, conseguir una vía de financiación extraordinaria y fraudulenta para pagar los gastos de estructura del sindicatos, con cargo a esas subvenciones pública cuyo fin era la formación de trabajadores y desempleados.
De esta forma, imponían a sus proveedores unos descuentos, comisiones y rappels que no figuraban en las facturas que luego se presentaban como justificantes de las subvenciones ante la Junta de Andalucía, con lo que se obtenía un margen (la diferencia entre lo declarado y lo realmente abonado a los proveedores) que se quedaba el sindicato.
También se elaboraban facturas por conceptos genéricos con bienes y servicios que se valoraban por encima de su coste real o sencillamente no se habían adquirido. Todo ello generaba un "bote" que "pasaba a engrosar una cuenta acreedora a favor de UGT-A con dichas empresas", "con lo que se culminaba el procedimiento de distracción para fines propios del sindicato de las cantidades recibidas por la Administración, y que estaban previstas para un destino totalmente diferente de interés sociolaboral, según el programa para el que se otorgaba la subvención".
Otro de los mecanismos para desviar de su fin legal las ayudas era imputar a las subvenciones los salarios de los empleados tanto del propio sindicato como de la empresa Soralpe, como si se tratara de trabajadores de los cursos de formación, "cuando realmente no trabajaban en ello". Y también se incluían gastos por las facturas de teléfono, los recibos de la luz, la limpieza e incluso el alquiler de aulas e instalaciones que eran en realidad propiedad de UGT-A.
La sentencia considera probado que Federico Fresneda, que era el que negociaba con los proveedores la forma en que habrían de elaborarse las facturas, informaba semanalmente, cada martes, a la Comisión Ejecutiva Regional de UGT-A de las cantidades que se iban incorporando al "bote" a través de esos descuentos no declarados en las facturas presentadas a la Junta.
La vista oral contra la cúpula de UGT se celebró en un total de 30 sesiones entre los meses de enero y junio pasados.
