El Gobierno cambiará los cementerios españoles para adaptarlos a los musulmanes

La naturaleza y la composición de los ritos funerarios, o de duelo, y del entierro varían según la época, la cultura, el país e incluso la región, la posición social del difunto y las creencias religiosas. Y asociados al culto a la muerte o a las costumbres, están cuantas ceremonias acompañan a la tristeza y despedida como el embalsamamiento y el velatorio, antes del traslado del cadáver hasta su sepultura, con o sin incineración.
La normativa estatal al respecto suma años y los decretos autonómicos aún no se adaptan a la misma o arrastran sus deficiencias. Ahora, según publica en un reportaje El Norte de Castilla, una nueva modificación regulará la política mortuoria en busca de adaptarse a los cambios normativos y a la variopinta sociedad con nuevos hábitos y formas de vida, usos y costumbres en el entorno de la muerte y en respuesta también a los avances en cuanto a las técnicas vinculadas a la sanidad mortuoria.
Es una ley estatal de 1992 la que recoge y aprueba un acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España. En su artículado recoge un punto fundamental, el del «derecho a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios municipales» y también incluye el de poder disponer de sus propias necrópolis. Recoge asimismo que «se adoptarán las medidas oportunas para la observancia de las reglas tradicionales islámicas, relativas a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios».
Sin embargo, 27 años después, los musulmanes denuncian que no pueden enterrar a sus muertos sin féretro en cualquier comunidad autónoma, para estar en contacto con la tierra y descansar en comunión con su religión. Introducir tierra en el ataúd o hacer un agujero en el mismo, trasladarse a otras comunidades que lo permitan o, muy frecuente, llevarlos a su lugar de origen son algunos parches para esta falta de regulación.
No obstante, la mayoría de los musulmanes, si pueden, regresan a su país de origen antes de morir; ya que esta comunidad es consciente de que solo existen una treintena de cementerios para los casi dos millones de habitantes que profesan su religión. La población islámica alcanzó los 1,95 millones de habitantes tras crecer un 1,4%, según los datos de la Unión de Comunidades Islámicas de España.
Desde un punto de vista de Salud Pública, departamento al que corresponde regular la policia sanitaria mortuoria, «lo que corresponde es garantizar el aislamiento del resto del terreno y de cara a filtraciones, unas características técnicas que es lo que regula cada autonomía, luego cada ayuntamiento conforme a la legislación vigente se encarga de sus cementerios».
Las funerarias
Desde el sector de las funerarias han llegado la mayoría de las alegaciones al Decreto –actualmente en trámite de consulta pública– y en el sentido de suprimir la obligatoriedad de féretro. Cabría pensar que tal eliminación supone la pérdida de unos ingresos claros para el sector dado que un ataúd medio ronda entre 1.000 y 2.500 euros; pero, sin embargo, desde el sector se apunta a que dado que en el terreno que se habilitará para los enterramientos sin caja habrá que realizar obras y aislamientos, este precio repercutirá sobre cada parcela de enterramiento y no habrá cambios sustanciales en este sentido. De hecho, en las comunidades como Andalucía donde es práctica habitual no se han registrado problemas en este sentido.
Para acceder a este tipo de enterramientos, eso sí, se deberá declarar la confesión musulmana, en los demás casos y zonas se mantendrá el sistema habitual, el del féretro.












