A juicio tres inmigrantes ecuatorianos por la violación grupal de una niña en Écija
Tres hombres de nacionalidad ecuatoriana se sentarán en el banquillo de los acusados por su presunta implicación en la violación grupal de una menor en la localidad sevillana de Écija, unos hechos por los que la Fiscalía solicita 14 años de prisión para cada uno de ellos. El caso será enjuiciado en la Audiencia Provincial de Sevilla en los próximos meses, después de que el juzgado instructor haya dado por concluida la fase de investigación.
Según el escrito de acusación, los procesados habrían participado de forma conjunta en una agresión sexual sobre la víctima, que en el momento de los hechos era menor de edad. El Ministerio Público considera que existen indicios suficientes de un delito de agresión sexual con acceso carnal, tipificado en el Código Penal, y reclama además la imposición de medidas de alejamiento y la correspondiente responsabilidad civil por los daños causados.
La causa se remonta a unos hechos denunciados en Écija que activaron el protocolo judicial y la intervención de las fuerzas de seguridad. Tras la toma de declaración a la víctima y la práctica de diligencias, los investigados fueron identificados y puestos a disposición judicial. El procedimiento ha seguido su curso hasta la apertura de juicio oral, donde será el tribunal el que determine la responsabilidad penal de los acusados.
La Fiscalía mantiene que la actuación de los tres encausados fue coordinada y que la menor se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad, elementos que sustentan la petición de pena. Además de las condenas de prisión, solicita que los acusados no puedan comunicarse ni aproximarse a la víctima durante un periodo prolongado de tiempo.
El juicio permitirá escuchar tanto el relato de la denunciante como la versión de los procesados y la práctica de las pruebas periciales y testificales propuestas por las partes. Será entonces cuando se esclarezca judicialmente lo ocurrido y se dicte la correspondiente sentencia.
Este caso vuelve a situar en el foco la gravedad de los delitos contra la libertad sexual y la protección de los menores, así como el papel de los tribunales en la persecución de este tipo de conductas.
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