Descubren un puticlub escondido en una peluquería

La tranquila localidad de Santa Eulària des Riu, en Ibiza, se ha visto salpicada por un escándalo que ha dejado boquiabiertos a vecinos y turistas: un establecimiento que fingía ser un simple centro de peluquería ha sido descubierto operando como un club de alterne ilegal, y sus responsables acaban de recibir un multazo histórico de casi 200.000 euros.

El caso ha quedado confirmado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma, que el pasado 4 de febrero ratificó la sanción impuesta por el Ayuntamiento. La decisión judicial desestima cualquier recurso presentado por los implicados, dejando claro que la actividad clandestina no tenía ninguna autorización legal y que la multa está plenamente justificada.

Los hechos se remontan a agosto de 2019, cuando agentes de la Policía Local irrumpieron en el local durante una inspección rutinaria. Lo que parecía un simple centro de estética pronto se convirtió en un sorprendente hallazgo: varias mujeres atendían a clientes en un ambiente típico de club de alterne, lejos de la imagen inocente que pretendía mostrar el establecimiento. Además, la inspección reveló que el local carecía de la licencia necesaria para desarrollar esa actividad y tampoco contaba con la póliza de seguro de responsabilidad civil obligatoria, elementos básicos para cualquier negocio de este tipo.

Tras la inspección, el Ayuntamiento de Santa Eulària no dudó en imponer una multa de 198.500 euros, que fue posteriormente recurrida por los responsables del club. Sin embargo, la justicia no les dio la razón. La sentencia destaca que las pruebas —actas de inspección, informes técnicos y testimonios— confirman sin lugar a dudas la actividad ilegal en el establecimiento. Ibas allí para que te cortaran el pelo y te hacían un masaje con final feliz.

El tribunal subraya que las actuaciones de los inspectores tienen presunción de veracidad, y que los documentos presentados durante el proceso reflejan que la actividad que se desarrollaba era completamente distinta a la declarada oficialmente. La sentencia también impone a los recurrentes el pago de las costas judiciales, sellando un golpe legal que deja claro que la impunidad no tiene cabida. El Ayuntamiento ha emitido un comunicado asegurando que esta actuación es un mensaje claro a todos los negocios que intenten evadir la ley. «No toleraremos que se camuflen actividades ilegales bajo la apariencia de negocios legítimos», señalaron fuentes municipales.