Dos menas violan a una niña en el centro de menores de Ateca
La presunta agresión sufrida por una menor por parte de dos menas con el visto bueno de un trabajador también de «origen árabe», según el auto de la jueza, deja al descubierto el papel que tuvo como colaborador necesario el ex supervisor del centro de Ateca, quien se jubiló un mes antes de que la jueza ordenase el cierre provisional de este centro de menores después de que salieran a la luz los horrores vividos por los internos.
Poco a poco vamos conociendo más testimonios que dibujan con mayor exactitud y nitidez el horror que sufrieron durante años en silencio muchos menores en el centro de Ateca (Zaragoza), gestionado por la Fundación Comunidad y Salud, que todavía no ha lanzado ninguna comunicación oficial al respecto.
La instrucción sigue su curso, y esta semana otro de los trabajadores de la ONG se sentó en el banquillo como imputado por posible colaborador necesario para que los abusos sexuales, torturas, vejaciones, lesiones, por parte de al menos cinco trabajadores pudieran suceder durante años. Por ello, también se le imputa la posible comisión de un delito de omisión del deber de socorro.
El supervisor del centro de Ateca, Miguel Ángel V. P., estuvo en dicho centro desde que «se abrió», según sus propias palabras. Es decir, durante siete largos años, desde 2017 hasta este pasado junio, cuando se jubiló, y fue conocedor de presuntamente una agresión sexual por parte de dos menores «árabes» a la que asistió también otro trabajador marroquí, Mohamed B.
Desde agosto, este trabajador está en prisión provisional sin fianza, junto con tres trabajadores más (Youssef B., Abdelilah A. y Alexandru R. A) y el director del centro Iván R., como posibles autores de delitos cometidos contra la integridad moral, torturas y lesiones infligidos a menores residentes en el centro, además de pertenencia a grupo criminal.
Okdiario ha tenido acceso al auto completo dictado por la jueza que instruye el caso. En este se describe perfectamente cómo es del todo poco creíble, según la propia jueza, que el ex supervisor Miguel Ángel de Ateca no tuviera conocimiento alguno de lo que pasaban dentro de esas cuatro paredes. Incluso el supervisor llegó a negar que tuviera cualquier tipo de capacidad de decisión o sanción, «delegando toda la responsabilidad», a los directores del centro, Daniel Urbina e Iván R., manifestando que su actuación «se limitaba a labores de mantenimiento y de cuidado de menores».
Sin embargo, el propio Iván en su nueva declaración judicial practicada este martes, descargó, tal y como recoge el auto, su «responsabilidad» hacia el supervisor del centro, Miguel Ángel, llegando a manifestar que «durante varios meses seguía sus instrucciones y enseñanzas».
El asunto no queda ahí. Lo verdaderamente desgarrador es el testimonio de una de las menores que sufrió una agresión sexual por parte de dos menas de origen árabe dentro de Ateca. Ella misma denunció ante el puesto de la Guardia Civil que la agresión sexual se había producido en presencia de uno de los trabajadores que actualmente están en la cárcel en prisión provisional. Nos referimos a Mohamed B.
Pues bien, la menor fue acompañada a la Guardia Civil precisamente por el supervisor del centro, Miguel Ángel. Quien, según manifestó este martes ante la jueza, a raíz de dicha denuncia de la menor ante la Guardia Civil, se inició una investigación en el centro que «dio lugar a un expediente interno que se remitió al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)». ¿Qué sucedió con este expediente? Casualmente, este es el único expediente entre todos los remitidos por el IASS a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Zaragoza de la Guardia Civil que no se encuentra en cuestión. Asunto que la jueza considera que «pone seriamente en duda la credibilidad de su testimonio».
Además, el resto de denuncias de menores del centro por este tipo de hechos es de 19, presentadas ante la Guardia Civil y que ahora están siendo objeto de investigación en el juzgado. En este sentido, según deja constancia la jueza, varios menores internos manifestaron en sus declaraciones «que el investigado era conocedor de los hechos denunciados, llegando a declarar que pusieron directamente en su conocimiento ciertos episodios de abusos, y que éste no hizo nada respecto a los trabajadores».
En el dictamen, la jueza ha ordenado retirarle el pasaporte, así como le prohíbe salir del territorio nacional, obligándole a «comparecer en el juzgado todos los lunes de cada semana, así como cuantas otras veces fuere llamado» (obligación apud acta) y también a que fije un domicilio y notifique cualquier cambio del mismo mientras el proceso judicial siga abierto.
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