El que suscribe fue imputado hace ya más de dos años (entonces no existía el término investigado), por el juez Pedraz, el fiscal Daniel Campos y un inspector de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional), como dirigente de una “organización criminal”, dedicada a extorsionar a Bancos y a la Infanta Cristina de Borbón.
Únicamente analizando superficialmente unos datos del sistema tributario, se pone en evidencia la gran farsa, la pura ficción que supone el artículo 14 de la Constitución: todos los españoles somos iguales ante la ley.
Los presupuestos generales del Estado en la anterior legislatura se aprobaron con los cinco votos del PNV, y a cambio recibieron 4.000 (cuatro mil) millones de euros sobre lo presupuestado.
Estamos asistiendo atónitos a acusaciones del Ministerio Fiscal contra personas, atribuyéndoles que forman parte de una organización criminal.
Con motivo de la acusación de la fiscalía en el caso de la máxima responsable de los denominados C.D.R., Comités de Defensa de la República catalana, donde se le imputan delitos de terrorismo y rebeldía, el juez instructor rechaza ab initio esa acusación, y la rebaja a unas “simples” alteraciones del orden público.
Ha pasado casi inadvertido para la opinión pública, o por lo menos la publicada, pero en el proceso contra el que suscribe, Miguel Bernad Remón, y de refilón el sindicato Manos Limpias, -aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid-, el juez Pedraz y el fiscal Daniel Campos, admitieron la personación, ejercitando la acción popular, del partido político Podemos.
En el procesamiento del magistrado Llarena contra los responsables de la declaración de la república catalana, son todos los que están, pero no están todos los que son...
