No debe ser extraño este titular, pues un ejemplo reciente de como un juez ha aplicado el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal “sin licencia” se ha puesto de manifiesto de manera burda, palpable y manifiestamente descarada, con motivo de la detención e ingreso en prisión preventiva del que suscribe, Miguel Bernad Remón, letrado jubilado del Ayuntamiento de Madrid.
El mayor escándalo de corrupción de fondos públicos, nacionales y de la Unión Europea, son los “cursos de formación” protagonizado por los agentes sociales (sindicatos y patronales), y con la responsabilidad “in vigilando” de las Administraciones Públicas, ha quedado impune, a pesar de que la Audiencia Nacional y el CGPJ recibieron numerosas denuncias, querellas y quejas de nuestro Sindicato Manos Limpias, desde el año 1999.
En el proceso, y las correspondientes sentencias de la Audiencia de Palma de Mallorca y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el mediático juicio contra el matrimonio Borbón-Urdangarín, quiero resaltar dos claves del asunto que ponen de manifiesto que ni el procedimiento ni las correspondientes sentencias se ajustan a Derecho, vulnerado además el principio constitucional de que todos los españoles somos iguale ante la Ley.
El Estado de Derecho requiere, por parte de los poderes públicos, el respeto a la legalidad vigente.
En la reciente sentencia firme del Tribunal Supremo sobre el caso Noós (pueden ver el PDF correspondiente en la web de manos-limpias.es), se nos quiere vender la “burra”, por ciertos sectores políticos y judiciales, de que se ha aplicado correctamente la ley, tanto en las condenas como en la absolución penal, que no civil, de la Infanta Cristina.
Hasta la saciedad en todos los medios de comunicación se ha lapidado al Partido Popular, en el sentido de que había sido condenado a título lucrativo en la Sentencia del caso Gürtel, y por ende a don Mariano Rajoy, a la sazón presidente del Gobierno.
