Detenidos dos inmigrantes por ser padres de 122 niños para cobrar ayudas sociales
Es uno de los mayores escándalos de fraude social de los últimos años.
Siete inmigrantes censados y residentes en Alemania han sido acusados de simular la paternidad de al menos 122 niños para cobrar ayudas estatales por cada menor.
El caso ha provocado indignación en todo el país y ha reabierto el debate sobre el abuso de las prestaciones públicas por parte de falsos solicitantes de asilo.
Hasta 22.000 euros al mes por “mantener” a hijos que no existen
La investigación, llevada a cabo por las autoridades de Renania del Norte-Westfalia, revela que cada uno de los implicados llegó a percibir entre 18.000 y 22.000 euros mensuales gracias a un entramado de falsas paternidades.
El mecanismo era tan sencillo como perverso: los hombres, de origen africano y con residencia temporal, reconocían legalmente a hijos de mujeres migrantes —algunas también en situación irregular— a cambio de dinero.
Con ello, las madres obtenían permisos de residencia y ayudas sociales, mientras que los supuestos padres cobraban subvenciones familiares y bonificaciones por manutención.
El negocio era tan lucrativo que uno de ellos llegó a registrar 19 hijos a su nombre, todos con diferentes madres y en distintas ciudades.
Un agujero legal en el sistema alemán
El escándalo ha puesto en evidencia una grave laguna en la legislación de extranjería alemana, que permite reconocer la paternidad sin necesidad de pruebas genéticas, siempre que la madre no impugne la declaración.
En la práctica, bastaba con acudir a una oficina del registro civil y firmar un documento para ser considerado legalmente el padre del menor.
Esta picaresca fue explotada durante años por redes organizadas que vendían “paternidades legales” por precios que iban desde los 5.000 hasta los 10.000 euros.
Las autoridades han identificado ya más de 500 casos similares en diferentes estados federados.
Reacción política: indignación y reformas a la vista
El ministro del Interior alemán, Friedrich Merz, ha calificado el caso como “un golpe brutal a la confianza en el Estado del bienestar” y ha prometido endurecer las leyes para impedir que se repitan estas situaciones.
“No podemos permitir que el sistema social sea utilizado como cajero automático por mafias internacionales”, declaró Merz ante el Bundestag.
Los partidos de la oposición reclaman además la implantación obligatoria de pruebas de ADN en todos los casos de reconocimiento de paternidad sospechosa.
Un país en shock
El caso ha tenido un enorme impacto mediático en Alemania, donde los tabloides han calificado el escándalo como “el mayor fraude de paternidad de Europa”.
En redes sociales, miles de usuarios critican que el dinero de los contribuyentes haya acabado en manos de bandas organizadas que explotan las ayudas públicas.
Mientras tanto, los siete implicados permanecen en prisión preventiva, acusados de estafa masiva, falsedad documental y fraude a la seguridad social.
La Fiscalía estima que el perjuicio total podría superar los 2,5 millones de euros.
El precio del “buenismo”
El caso ha reavivado el debate sobre los límites de la acogida migratoria en Europa.
Para muchos alemanes, el escándalo demuestra que el sistema “es demasiado ingenuo” y que la burocracia del bienestar ha sido capturada por el fraude.
Mientras tanto, los contribuyentes alemanes —una vez más— pagan la factura del multiculturalismo sin control.
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