El PSOE pacta con Bildu la nueva Ley de Memoria Democrática: se investigarán los 'crímenes franquistas' hasta 1983
EH Bildu ha anunciado un acuerdo con el PSOE para extender la aplicación de la Ley de Memoria Democrática hasta finales de 1983 para reconocer y reparar a las víctimas de las violaciones de Derechos Humanos cometidas en España desde la dictadura franquista hasta cinco años después de la aprobación de la Constitución. La extensión de este periodo implicará cubrir a las víctimas de torturas policiales y los primeros años de actuación de los GAL.
Este acuerdo se ha cerrado en el marco de la negociación de la Ley de Memoria Democrática y, gracias a él, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos da un paso crucial en su objetivo de aprobar un proyecto de ley que se le resistía desde hace tiempo por la críticas de sus socios parlamentarios, que consideraban que estaba incompleto. Ahora mismo cuenta con el apoyo del PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís y otros partidos minoritarios, con los que se asegura la mayoría, pero sigue pendiente de atraer también a ERC. En la ponencia, celebrada hoy, los republicanos y Junts se han abstenido. La próxima semana la norma irá a la Comisión Constitucional y se aprobará el 14 de julio en el Pleno.
Uno de los puntos centrales del pacto de los socialistas con EH Bildu es la extensión de la aplicación de la nueva Ley de Memoria a los primeros cinco años de periodo democrático en España, cuando el PSOE ya se encontraba en el Gobierno tras la histórica victoria de Felipe González en 1982. La izquierda abertzale considera que esos cinco años, donde gobernó la mayoría de ese tiempo la UCD, son una etapa de "post franquismo".
La enmienda aceptada por el PSOE dice así: "El Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas."
La elección de la fecha de 1983 no es casual, pues fue ese año cuando los GAL secuestraron, torturaron y asesinaron a Lasa y Zabala. Es el crimen más representativo de la llamada "guerra sucia" contra ETA.
El PSOE ha evitado ser categórico sobre las implicaciones que tendrá la extensión de aplicación de la ley hasta 1983 y ha pedido ser "prudentes" hasta ver cómo queda la redacción "definitiva" en la ley. En todo caso, el portavoz socialista, Héctor Gómez, ha apuntado que es importante "avanzar", "esclarecer" y "profundizar" de manera "rigurosa" en este marco temporal porque el objetivo de la ley es "reestablecer" y evitar que ciertas situaciones se repitan.
Una comisión para 'investigar' el franquismo
La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha anunciado otros cuatro acuerdos más con el PSOE. Uno tiene que ver con la creación de una "comisión independiente" formada por expertos para que abran una investigación para esclarecer las violaciones de Derechos Humanos cometidas en España durante el régimen franquista mediante la recepción de testimonios, información y recopilación de documentos.
Esta comisión se encargará de elaborar un informe en el que habrá conclusiones y recomendaciones para garantizar el reconocimiento oficial y la reparación de las victimas.
Otro de los acuerdos es incluir en la Ley de Memoria alguna declaración explícita para subrayar la "ilegalidad e ilegitimidad" de los tribunales franquistas constituidos a partir del golpe de Estado de 1936, así como para recalcar la "nulidad" de sus resoluciones y condenas.
Los independentistas vascos han cerrado que el Fuerte de San Cristóbal, ubicado en Pamplona, se convierta en un "lugar de memoria" a través de un convenio de colaboración con el Gobierno Foral de Navarra para realizar actividades encaminadas a la recuperación de la memoria democrática. Esta instalación fue utilizada como cárcel franquista durante la guerra y por ahí pasaron "miles" de presos políticos. El 22 de mayo de 1938 se dio una fuga masiva de 795 reclusos en la que se murieron abatidos 207 de ellos. A día de hoy, hay unos 150 que siguen enterrados en paradero desconocido.
Además, en otra enmienda se ha pactado la cesión de las dependencias del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de San Sebastián. Este espacio fue sede de instituciones franquistas, residencia de estancias veraniegas de Franco o el lugar donde torturaron a Lasa y Zabala.
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