Caso Sálvame: la Fiscalía pide 477 años de cárcel para Gustavo Gonzalez
La investigación del denominado caso Sálvame encara una fase decisiva con un endurecimiento notable de la posición de la Fiscalía de Madrid, que ha puesto cifras concretas a lo que considera una operativa continuada de acceso ilegal a datos sensibles de personajes conocidos.
El foco de la acusación se sitúa sobre el fotógrafo Gustavo González y el agente Ángel Jesús Fernández Hita, a quienes el Ministerio Público atribuye una colaboración sostenida en el tiempo para obtener información reservada de bases policiales y trasladarla al ámbito televisivo. Según fuentes citadas por El Confidencial Digital, el fiscal ha desglosado la acusación en 127 delitos de revelación de secretos para el primero y 142 para el segundo.
Las cifras globales de las penas solicitadas son llamativas: 477 años de cárcel para González y 555 para Fernández Hita. Sin embargo, el propio escrito de acusación introduce un matiz clave, ya que el cumplimiento efectivo quedaría limitado por ley al triple de la condena más grave impuesta por cada delito. Traducido a términos prácticos, el horizonte real de prisión se situaría en torno a los 15 años para el colaborador televisivo y los 12 para el policía.
Junto a las penas privativas de libertad, la Fiscalía plantea un importante castigo económico. En el caso de González, se reclama una multa que supera los 600.000 euros y su apartamiento profesional durante cinco años de cualquier actividad vinculada a medios de comunicación. Para Fernández Hita, la sanción asciende a 62.400 euros. Ambos tendrían además que asumir indemnizaciones que, en conjunto, rebasan los 400.000 euros para compensar a los perjudicados.
Una investigación que se remonta a 2017
El origen de todo se remonta a 2017, cuando Asuntos Internos de la Policía Nacional detectó que en televisión se estaban difundiendo datos procedentes de atestados policiales. A partir de ese momento, la investigación permitió reconstruir una dinámica que se habría prolongado durante casi una década, entre 2009 y 2018, en la que el agente accedía a información personal —antecedentes, direcciones o matrículas— para facilitarla a colaboradores del programa Sálvame, emitido en Telecinco.
Según sostiene la acusación, esa relación no era puntual, sino que respondía a un esquema organizado en el que la información tenía una utilidad directa en contenidos televisivos. En ese circuito también aparece Iván Caveda Valle, otro policía que habría participado en las consultas cuando su compañero no podía realizarlas.
Un número elevado de afectados
El volumen de personas implicadas refuerza la dimensión del caso. El instructor, el magistrado Marcelino Sexmero, cifró en al menos 182 los ciudadanos cuyos datos habrían sido consultados. Entre ellos figuran nombres ampliamente conocidos como Isabel Pantoja, Omar Montes o Arantxa Sánchez Vicario, junto a otros perfiles del mundo del espectáculo, el deporte y la televisión.
Aunque en fases iniciales la causa alcanzó a más profesionales vinculados al programa, la Fiscalía ha optado finalmente por concentrar la acusación penal en González, Fernández Hita y Caveda, al tiempo que solicita el archivo para el resto de investigados. La productora del espacio, por su parte, permanece en el procedimiento como responsable civil subsidiaria.
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