Elena Reinés, activista del digital WokeUp, recibió 11.997,15 euros públicos

La izquierda y sus ansias de dinero público. Igual que las abejas a la miel o las moscas atraídas por montañas infinitas de excrementos. Son conceptos que van siempre irremediablemente ligados. No falla. Eso sí, a los progres la fiesta se la pagamos todos.

En un momento tan especialmente delicado y polarizado a nivel sociopolítico, las redes sociales vuelven a poner el foco sobre el uso de fondos públicos en campañas de comunicación y su destino a medios de marcado perfil ideológico.

En el centro de la diana se sitúa esta vez Elena Reines, cara visible de WokeUp, un formato digital que se ha promocionado entre los círculos de ultraizquierda como el nuevo azote de la fachosfera, tras conocerse el coste de su campaña institucional en colaboración con eldiario.es, el medio digital de referencia del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según los datos oficiales, el importe exacto de la campaña ascendió a 11.997,15 euros, impuestos incluidos. La información habría sido facilitada por la Unidad de Información y Transparencia del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, después de una reclamación presentada ante el Consejo de Transparencia.

Críticas por el uso de dinero público

La cifra ha provocado críticas por parte de diversos usuarios y analistas, que consideran injustificable que la Administración destine recursos económicos a campañas vinculadas a medios ideológicamente alineados con el Gobierno.

Desde estas posiciones se subraya que el hecho de que una campaña tenga un coste cercano a los 12.000 euros resulta especialmente controvertido en un contexto de dificultades económicas y recortes en otros ámbitos considerados esenciales.

WokeUp y su línea editorial

El perfil de WokeUp, proyecto dirigido por Elena Reines, se define por una línea editorial abiertamente militante, centrada en postulados de la ultraizquierda más radical y en contenidos de activismo político y social. Sus críticos sostienen que este tipo de proyectos reciben una atención preferente por parte de determinadas administraciones públicas.

La vinculación de campañas institucionales con medios de este perfil vuelve a abrir el debate sobre la neutralidad del gasto público y los criterios utilizados para seleccionar plataformas de difusión.

Transparencia y rendición de cuentas

Quienes han difundido la información insisten en que el problema no es únicamente quién percibe los fondos, sino el modelo de reparto de la publicidad institucional, al que acusan de favorecer a medios afines ideológicamente.

En este sentido, reclaman mayor transparencia, criterios objetivos y un control exhaustivo del gasto público destinado a comunicación, para evitar que se convierta en una herramienta de propaganda.

¿Qué credibilidad tienen los supuestos defensores de la verdad y reputados activistas 'antibulos' si están a sueldo del poder?

Debate abierto

La polémica se suma a otras controversias recientes sobre la financiación pública de proyectos mediáticos y el papel de los digitales ideológicos en la estrategia comunicativa del Gobierno.

Estos son los que luego, desde su consabido púlpito de superioridad moral, nos dan lecciones de democracia y feminismo a los demás. De aquí a ministra. O a consejera de Adif.

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