El Gobierno aprueba que discriminar a un hombre frente a una mujer no sea delito
El Gobierno ha establecido por ley que la mujer podrá disfrutar de «condiciones específicas» en el empleo, a fin de «favorecer» su acceso al trabajo. Este trato diferencial no supondrá, según el Ejecutivo, una «discriminación por sexo» en relación al hombre. Igualdad lo llaman.
Así consta en la última versión de la Ley de Empleo, actualmente en trámite parlamentario. Esta salvaguarda en favor de la mujer ha sido introducida a través de una enmienda de Bildu. El texto señala que estas condiciones especiales tendrán un «carácter excepcional y en tanto la tasa de desempleo femenino no se equipare a la tasa de desempleo total». En este contexto, «se entenderá que no constituye discriminación por motivos de sexo en el ámbito del empleo y la ocupación la configuración de condiciones de trabajo y empleo específicas, si están justificadas, objetiva y razonablemente, por la concurrencia de una finalidad legítima y resultan adecuadas y necesarias para favorecer el acceso y la consolidación del empleo de las mujeres, sin que, en ningún caso, puedan comportar discriminación por discapacidad, salud, orientación sexual, nacionalidad, origen racial o étnico, religión o creencias, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
La precisión genera dudas jurídicas, en la medida en que la propia Constitución determina que «todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo». La enmienda suprime, con ese «carácter excepcional», los supuestos que podrían considerarse discriminatorios para el hombre. El Ministerio de Trabajo se ha negado a aclarar el alcance de esta disposición, aunque sí admite que la mujer podrá gozar de «condiciones específicas» para favorecer su empleabilidad.
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Trato preferente a la mujer
El trato preferente a la mujer ha dado ocasión a distintas polémicas. Recientemente, por ejemplo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha provocado malestar en el seno de la Guardia Civil al establecer por ley un cupo del 40% de mujeres en el acceso a la Benemérita, incluyendo una cláusula por la que tendrán preferencia sobre los candidatos varones siempre que, superado el aprobado, la diferencia de puntos entre ambos no sea superior al 15%. Marlaska defiende que esa medida cuenta con el aval del Tribunal Supremo y del Constitucional y la compara con las listas electorales al Congreso que garantizan la presencia de mujeres. Las asociaciones profesionales la tachan de inconstitucional.
La Justicia llegó incluso a tumbar un contrato del Ministerio de Igualdad para cubrir los servicios del 016 por vulnerar el principio de igualdad de género. En los pliegos se imponía que el personal adscrito fueran mujeres y no varones. El departamento de Montero alegó que «es recomendable» que las víctimas de violencia de género «sean atendidas por mujeres».
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