Europa exige explicaciones sobre la Ley de la Amnistía por temor a que Sánchez se convierta en dictador

La Comisión Europea ha pedido este miércoles formalmente al Gobierno de España explicaciones sobre la ley de amnistía. Hasta ahora, la posición en Bruselas había sido la de esperar a que hubiera al menos un texto definitivo antes de pronunciarse, pero el teléfono de los comisarios no deja de sonar y tras constatar cómo el Consejo General del Poder Judicial emitía una opinión al respecto esta misma semana, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha decidido mover ficha.

En una carta remitida a los ministros Félix Bolaños y Pilar Llop, el político belga, que desde que asumió la cartera ha insistido una y otra vez en que para la Comisión era una prioridad la renovación del CGPJ, lamenta una vez más la falta de avances en ese tema e insta al Gobierno a hacer todo lo que sea posible, pasadas ya las elecciones, para desbloquear algo que en los últimos años ha sido el punto negro en los informes sobre el Estado de Derecho en España. Pero a continuación entra en materia con el tema más caliente en la política española, y no por casualidad mientras Santos Cerdán y su equipo negocian con Carles Puigdemont y Junts a pocos cientos de metros de distancia.

Además de los temas pendientes, dice la carta a la que ha tenido acceso El Mundo, "ahora se añaden serias preocupaciones en relación con los debates en curso sobre la posible aprobación de una ley de amnistía. Si bien por el momento no existe ninguna propuesta formal, se ha convertido en un tema de considerable importancia en el debate público y la Comisión ha recibido muchas consultas al respecto, incluyendo a un gran número de ciudadanos", incide el texto, la primera petición oficial sobre la materia. "Por lo tanto, le agradecería que me facilitara información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista".

La carta no es una censura, no prejuzga una opinión, pero sí un aviso muy claro. En la Comisión son conscientes de que si el texto legal de la amnistía es sólido, y deja fuera fondos comunitarios, el margen de actuación de la Comisión es o será más bien muy limitado. Pero en esta fase tiene base para preguntar el alance y meter presión, como han hecho en muchas otras ocasiones.

En el Gobierno y en especial en el PSOE han tomado nota inmediatamente y no ha gustado en absoluto. Fuentes socialistas creen que es una maniobra política de un político conservador y no preocupa en absoluto ni afectará a las negociaciones. Estas fuentes indican que si no hay acuerdo todavía con Junts es porque el movimiento del juez García Castellón ha llevado a Puigdemont a pedir una revisión del texto, y por eso siguen todavía los intercambios de papeles. Están seguros de que habrá acuerdo antes del fin de semana, lo que abriría la puerta a una investidura la siguiente. Y que no habrá quejas desde Bruselas después, al ser, dicen, una ley Constitucional.

Fuentes comunitarias afirman que no es un movimiento insólito. Explica que lo habitual es esperar a un texto, pero no se trata de una valoración sino únicamente de una petición de información, "algo completamente justificado cuando una parte significativa de la oposición considera que la tramitación de una ley puede tener consecuencias graves. Lo que quiere saber el comisario es qué está sobre la pesa para saber qué hacer después o si se puede esperar", dicen. Fuentes parlamentarias, coincidiendo con parte de ese análisis, admiten sin embargo que a ese nivel "todo es política" y que no "es un mensaje vacío, sino que tiene su intencionalidad, y es completamente lógico".

"La Comisión sigue comprometida con el seguimiento y la defensa de los valores fundamentales de la Unión en todos los Estados miembros y seguirá trabajando con las autoridades españolas para garantizar el respeto del Estado de Derecho", dice el último párrafo de la misiva. Una redacción que podría pasar por perfectamente estándar, pero en que un contexto tan específico, con una intención tan clara, no lo es.

La Comisión ha recibido cientos de mensajes en los últimos meses, desde partidos políticos y en especial de su familia europea, de buena parte de los eurodiputados españoles, asociaciones civiles, grupos de presión y también de fiscales y magistrados. Reynders era reacio a abrir el melón y el mensaje que transmitía en algunas de las reuniones era que preferían esperar a que haya un texto definitivo y que necesitaría un mensaje claro desde la judicatura. El mensaje, de alguna manera, ha llegado. Por eso el tono del mensaje es seco, insistiendo tanto en "la necesidad de priorizar la situación del Consejo de la Judicatura y abordarla sin demora" como en el hecho de que desde España se está ignorando la urgencia del asunto.

Bruselas quiere saber qué está negociando el Gobierno, qué tipo de ley de amnistía, qué alcance tiene, tanto en personas concretas como en el tipo de delitos. Los Estados Miembros tienen un margen muy amplio de actuación, de ahí la cautela antes de emitir juicios de valor sobre iniciativas que están por definir. Pero la Comisión sí que tiene competencias y responsabilidades, bajo el epígrafe de Estado de Derecho, para velar por el bueno uso de los fondos comunitarios.

No ha habido posición formal sobre las reformas de la rebelión ni sobre la de malversación, a pesar de que el propio Reynders y la vicepresidenta Vera Jourova han prometido una evaluación, para ver de qué manera puede afectar algo así, una reducción de penas, al uso de fondos comunitarios. Sobre todo cuando la propia Comisión ha presentado muy recientemente una propuesta legislativa en sentido absolutamente contrario, que pide penas mucho más duras para el mal uso de dinero público.

La carta, por pura casualidad, se ha hecho pública mientras un pequeño grupo de manifestantes acudía a la puerta del hotel donde se alojan Cerdán y su equipo con una pancarta que denuncia que "Sánchez protege a los corruptos y terroristas. La unidad no se puede votar".

Bildu exige a Sánchez la amnistía para ETA por la 'convivencia'