José Bono será imputado por sus negocios en República Dominicana
El exministro socialista José Bono podría enfrentarse en las próximas semanas a una imputación judicial en República Dominicana, tras la entrega de un dossier de más de 300 páginas por parte del eurodiputado y comunicador Alvise Pérez, que detalla una presunta trama de venta irregular de material policial con implicaciones internacionales.
Según los documentos aportados, la operación habría implicado la venta de vehículos, cámaras térmicas y escáneres al Gobierno dominicano, a través de una empresa vinculada a José Bono, con la presunta mediación del actual director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras.
El dossier, entregado a las autoridades judiciales dominicanas, incluye contratos, facturas y movimientos bancarios que apuntan a pagos en divisas extranjeras y transferencias hacia cuentas con sede en España.
“Estamos ante una posible trama de corrupción transnacional, con indicios sólidos de sobrecostes, tráfico de influencias y ocultación de fondos”, señala uno de los peritajes independientes adjuntos al informe, que cifra sobrecostes de hasta el 250 % sobre el valor real del material suministrado.
Fuentes cercanas a la investigación aseguran que Francisco Pardo Piqueras habría facilitado la entrada aduanera del material policial en República Dominicana, eludiendo los controles habituales de importación y fiscalización, lo que ha generado un fuerte malestar en el seno del Gobierno de Luis Abinader.
El caso podría derivar en imputaciones formales tanto contra Bono como contra varios funcionarios dominicanos y españoles, a la espera de la revisión final de la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) del país caribeño.
De confirmarse la acusación, sería el primer gran éxito judicial internacional de Alvise Pérez, cuya estrategia de promover causas transnacionales contra figuras políticas españolas comienza a tener repercusión fuera del país.
Por ahora, ni José Bono ni Francisco Pardo han realizado declaraciones públicas. Desde el entorno del exministro se limitan a hablar de “una campaña política de desprestigio”, mientras las autoridades dominicanas mantienen la investigación bajo secreto sumarial.
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