El Supremo cita al fiscal general del Estado por revelación de secretos para perjudicar a Ayuso
El Tribunal Supremo continúa avanzando en la investigación abierta al fiscal general del Estado y amplía las imputaciones hacia su círculo de máxima confianza. El juez de la Sala de lo Penal Ángel Hurtado ha citado a declarar a Álvaro García Ortiz, como sospechoso de haber revelado información reservada de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El instructor cita por el mismo delito de revelación de secretos a la fiscal fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez.
El instructor explica que toma la decisión al considerar apuntalada la presunta participación de ambos en los hechos delictivos tras las diligencias desarrolladas hasta ahora, y en particular en los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Además, en el mismo auto el magistrado acuerda extender la condición de investigado a la mano derecha de García Ortiz, el teniente fiscal -número dos- de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe. Entiende que, "de manera coordinada" con los otros dos ya investigados, Villafañe se podría "haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados, y con ello incurrir en la eventual comisión del delito contemplado en el artículo 417 Código Penal".
El magistrado estima que "cabe mantener" que hay indicios de que el delito "resulta de la acción coordinada de Diego Villafañe, Pilar Rodríguez Fernández y Álvaro García Ortiz". El fiscal general es citado para el día 29 de enero; la fiscal jefe provincial de Madrid, para el 30 de enero; y para el 5 de febrero, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica.
La resolución del magistrado hace una detallada relación de lo investigado hasta ahora y destaca que la UCO habla en sus informes de "la participación preeminente del Fiscal General del Estado en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada". Los informes de la Guardia Civil intentan determinar quién, el pasado mes de marzo, filtró información sobre la investigación por fraude fiscal a Alberto González Amador y las negociaciones de su defensa con la Fiscalía de Madrid.
"Sin entrar en consideraciones al respecto, lo que las diligencias practicadas hasta el momento apuntan, con un elevado grado de verosimilitud, es que, por ahora, hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos", afirma Hurtado
El juez añade que "el solo trasiego del intercambio de mensajes que se producen el día 13 de marzo de 2024 entre las 21:59 horas, en que Álvaro García Ortiz recibe en su gmail particular el correo en que Pilar Rodríguez Fernández le reenvía el de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto Torres, y los pasos que da antes para lograr hacerse con él, reveladores de momentos de urgencia y gran tensión, que tienen lugar bajo su batuta, y las 23:51, en que se publica en la web de la cadena Ser ese correo de 2 de febrero de 2024, o su intervención en la elaboración de la nota de prensa, que se publica como nota informativa, en la mañana del día 14, es lo suficientemente indicativo de su papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse".
"La secuencia y presura de esos pasos ponen de relieve unas prisas por parte del Fiscal General del Estado en recoger una determinada información, tantas, que no puede esperar a la mañana siguiente, así como el concreto interés de contar con ese correo de 2 de febrero de 2024, que no había sido remitido a Fiscalía General entre la documentación enviada el día 8 a través del Teniente Fiscal Diego Villafañe Díez", expone el auto.
Duda de la Ser y eldiario.es
El juez indica que es cierto que dos de los periodistas que declararon el pasado día 9 -de la cadena Ser y eldiario.es- han mantenido haber tenido conocimiento del correo clave del 2 de febrero antes de que el fiscal general lo recibiera en su cuenta de Gmail, pero añade que "se trata de testimonios que no aportan datos objetivos y contrastan con otro de los testimonios prestado en la mañana del día 8, que niega que así hubiera sido". Y añade que, además, "los elementos objetivos que aportan las diligencias practicadas apuntan a que solo tras la recepción por parte de Álvaro García Ortiz del correo de 2 de febrero a las 21:59 horas es cuando tiene lugar su difusión, lo que debe llevar a mantener su condición de imputado".
Respecto a la fiscal jefe de Madrid, el instructor considera que "circunstancias como el ponerse a disposición de Álvaro García Ortiz, ser la persona que facilita a Diego Villafañe Díez el expediente de Alberto González Amador, que acaba filtrándose el día 12 de marzo en 'eldiario.es', y prestarse a hacer llegar el correo de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto Torres a la Fiscalía General del Estado, conocedora de la finalidad que se perseguía con ello, también son elementos suficientes para mantener su imputación".
En cuanto a la extensión de la condición de investigado a Diego Villafañe, tal como había pedido el abogado de González Amador, el juez indica que "tiene un papel de relevancia, si se quiere menor, desde el momento que, como Teniente Fiscal de la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado, por lo tanto, persona de confianza del Fiscal General del Estado, está en contacto con la fiscal María Pilar Rodríguez Fernández, a quien pide que le remita la denuncia, expediente administrativo y demás documentación relativa a Alberto González Amador que se filtraría".
