El Gobierno indulta a Laura Borrás
El Consejo de Ministros ha aprobado el indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, conmutando la pena de 4 años, 6 meses y 1 día de prisión por otra de 2 años de cárcel, lo que evita su ingreso efectivo en prisión al no superar el umbral habitual para la suspensión de la condena. La medida mantiene intactas el resto de las penas, incluida la multa y la inhabilitación de nueve años y un día.
El Ejecutivo ha adoptado la decisión en los mismos términos planteados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que ya consideró en su sentencia que la pena de prisión impuesta resultaba "desproporcionada y excesiva", pese a confirmar la responsabilidad penal de la dirigente independentista.
El Supremo confirmó la condena
La petición de indulto llevaba más de un año sobre la mesa del Ministerio de Justicia. En junio del pasado año, la Fiscalía emitió un informe desfavorable a la concesión de la medida de gracia. Sin embargo, el ministro Félix Bolaños ha decidido finalmente conceder un indulto parcial que evita la entrada en prisión de la expresidenta del Parlament.
La condena fue ratificada por el Tribunal Supremo, que confirmó la sentencia dictada por el TSJC por los delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.
Contratos fraccionados para beneficiar a un colaborador
Los hechos se remontan a la etapa en la que Laura Borràs presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2018. Según acreditaron los tribunales, adjudicó de forma irregular 18 contratos menores, por un importe total de 335.700 euros, a un colaborador de su confianza, fraccionando los contratos para eludir los procedimientos de contratación pública.
La investigación se inició de forma indirecta cuando los Mossos d'Esquadra, en el marco de una operación contra ese colaborador por presunto tráfico de drogas, localizaron correos electrónicos que evidenciaban las irregularidades en la adjudicación de los contratos.
Borràs denunció una persecución política
Durante todo el procedimiento judicial, Laura Borràs sostuvo que era víctima de una campaña de lawfare y de una persecución política relacionada con el proceso independentista catalán. No obstante, tanto el TSJC como el Tribunal Supremo concluyeron que los hechos juzgados no guardaban relación con el procés, sino con irregularidades cometidas en la gestión de fondos públicos.
Con el indulto parcial aprobado por el Gobierno, Borràs evitará la prisión, aunque seguirá cumpliendo la pena de inhabilitación para cargo público y deberá hacer frente a la multa impuesta por los tribunales.
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