El juez envía a Begoña Gómez a juicio por cinco delitos
El juez Juan Carlos Peinado ha dictado un auto por el que transforma el denominado caso Begoña Gómez en procedimiento para juicio con Tribunal del Jurado, citando a la investigada, junto a Juan Carlos Barrabés y Cristina Álvarez, a comparecer el próximo 1 de abril de 2026.
La resolución supone un punto de inflexión en la causa, al considerar el magistrado que existen indicios suficientes de verosimilitud delictiva, tal y como exige la legislación vigente.
Delitos investigados y nueva fase judicial
El auto acumula en una sola pieza los delitos que se investigan: tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo profesional.
De este modo, el procedimiento entra en la fase previa al juicio con jurado, donde serán ciudadanos seleccionados por sorteo quienes determinen la eventual culpabilidad o inocencia.
El juez apunta a la “posición prevalente” de Begoña Gómez
Según el magistrado, «no ofrece duda» que Begoña Gómez habría actuado desde una posición de influencia derivada de su relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un elemento clave para valorar el delito de tráfico de influencias.
El auto destaca como «trascendental» su condición de esposa del presidente desde 2018, momento a partir del cual su trayectoria profesional experimentó, según el juez, un cambio “inmediato y significativo”.
La cátedra en la Complutense y reuniones en Moncloa
La resolución recoge la creación en 2020 de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), así como reuniones mantenidas en el Palacio de La Moncloa.
El entonces rector, Joaquín Goyache, reconoció haber acudido a Moncloa para reunirse con Gómez, un hecho que el juez considera relevante para analizar la posible influencia institucional en decisiones académicas.
Contratos públicos bajo sospecha
El auto vincula a la investigada con la adjudicación de contratos públicos de la entidad estatal Red.es a una UTE vinculada a Juan Carlos Barrabés, por un importe superior a los 12 millones de euros.
En este proceso, se habría aportado una carta firmada por Gómez mostrando su apoyo al proyecto, lo que, según la investigación, podría haber influido en la adjudicación.
Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) detectó irregularidades relevantes, como opacidad en los procedimientos y uso de criterios subjetivos.
El papel de Cristina Álvarez y el software investigado
Respecto a Cristina Álvarez, personal de Presidencia, el juez describe una participación continuada en actividades ajenas a sus funciones, incluyendo la gestión de convenios con empresas y el desarrollo de proyectos vinculados a la cátedra.
El auto también menciona el desarrollo de un software registrado posteriormente bajo la marca «Transforma TSC», cuya titularidad habría sido asumida por Begoña Gómez mediante la creación de una sociedad.
Un caso inédito en la política española
La apertura del procedimiento ante el Tribunal del Jurado podría derivar en una situación inédita: que ciudadanos determinen la responsabilidad penal de la esposa de un presidente del Gobierno en ejercicio.
La comparecencia prevista para el 1 de abril será clave para definir el futuro judicial de la causa.
