Todas las asociaciones de jueces y fiscales se unen contra la Amnistía: 'Es el fin de la democracia'

Las cuatro asociaciones judiciales, Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Asociación Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente han suscrito este jueves un comunicado conjunto donde muestran su "rechazo" por las referencias al "lawfare o judicialización de la política" que aparece recogido en el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts.

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En el comunicado, los jueces al unísono denuncian que "el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas" y añaden que "ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes".

De igual manera, todas las asociaciones de magistrados recalcan que "los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables".

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Los miembros de la Carrera Judicial subrayan que "el Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta".

Por otro lado, también se ha pronunciado en contra del lawfare reconocido en el pacto todas las asociaciones de fiscales.

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Desde el colectivo mayoritario, la Asociación de Fiscales señalaron que "es inadmisible la utilización del término guerra judicial (lawfare) utilizado en el acuerdo, al tratarse de un concepto que no tiene encaje en nuestro orden constitucional vigente".

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Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales sostuvo que "es inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales ya que pervertiría absolutamente el sistema constitucional de separación de poderes".

Por otro lado, desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales se esgrimió que el pacto se trata de un "ataque insólito a la independencia del Poder Judicial" y pusieron énfasis en que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, "permanece silente ante la amnistía y los ataques al trabajo de la Fiscalía no vaya a ser que el nuevo Gobierno no le renueve el cargo".

Ante el enorme malestar generado entre jueces y fiscales, el PSOE lanzó un comunicado a última hora de este jueves donde señaló que "el Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial. El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado".

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