El Gobierno obligará a las empresas a atender en catalán en toda España
Nuevo capítulo en las cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas. El Gobierno ha cerrado un acuerdo con Junts per Catalunya por el que las grandes empresas con sede en España estarán obligadas a atender en catalán a los clientes que así lo soliciten. Estén dónde estén.
La medida formará parte de la negociación parlamentaria que mantiene en pie a Sánchez en la Moncloa y se plantea como condición para garantizar la continuidad de su legislatura.
El catalán, por decreto
Según fuentes del pacto, la obligación afectará a bancos, eléctricas, compañías de telecomunicaciones y cadenas de distribución, que deberán disponer de personal capaz de atender en catalán. Quien no cumpla se enfrentará a sanciones económicas.
Una exigencia nacionalista
Junts defiende la iniciativa como una “victoria histórica de la lengua catalana”, mientras que desde la oposición se denuncia que el presidente Sánchez convierte a las grandes empresas en rehén del separatismo para seguir en el poder.
Críticas y polémica
- PP y Vox han calificado el acuerdo como una “imposición lingüística inadmisible” que rompe la igualdad de los ciudadanos españoles.
- Asociaciones empresariales alertan del alto coste operativo y del impacto negativo en la competitividad.
- En redes sociales, la indignación crece: “Sánchez gobierna para contentar a Puigdemont, no para los españoles”.
Un país a varias velocidades
Con esta medida, Cataluña se asegura un nuevo privilegio mientras el resto de comunidades ven cómo los acuerdos de Sánchez con los separatistas siguen condicionando la agenda nacional.
En definitiva: Junts vuelve a marcar la política española. Y Sánchez, a cambio de mantenerse en la Moncloa, convierte el catalán en un nuevo campo de batalla empresarial y social.
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