Ley de la Amnistía: Sánchez librará de 17 años de cárcel a los CDR acusados de terrorismo
Los 12 miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo en la Audiencia Nacional y que estaban a un paso de sentarse en el banquillo se librarán de penas de más de 17 años de cárcel gracias a la futura Ley de la Amnistía que Pedro Sánchez ha pactado con los independentistas catalanes.
Según asegura ERC, la ley pactada con Sánchez incluirá «a todos los represaliados políticos» con causas penales, civiles, contables y administrativas relacionadas con el procés. Esto incluye a los separatistas investigados y procesados por delitos de terrorismo. Este martes, el líder socialista cerró con el presidente catalán Pere Aragonés el acuerdo para la Ley de Amnistía, que previsiblemente será registrada este mismo jueves en el Congreso de los Diputados, con la intención de que Sánchez se someta a la investidura ya la semana que viene.
Así, los doce procesados por terrorismo que estaban pendiente de ser juzgados se libarán de condenas que oscilan entre los 17 a 42 años de cárcel, según aseguran a Okdiario fuentes judiciales.
Terroristas CDR y amnistía
En abril, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acordó, por segunda vez, dar por concluido el sumario de la causa dirigida contra los doce miembros de un núcleo radical de CDR que estaban dispuestos a usar la violencia para conseguir la independencia de Cataluña y a los que procesó por terrorismo, cumpliendo así la orden de la Sala de lo Penal que ordenó ampliar la instrucción para practicar diligencias solicitadas por uno de los investigados.
En junio, la Fiscalía de la Audiencia Nacional también emitió un escrito en el que solicitaba abrir juicio oral contra los doce CDR por un delito de pertenencia a organización terrorista. A ocho de ellos les atribuye además delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos.
En concreto, el fiscal pide sentar en el banquillo a Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Delgado por delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito o fabricación de explosivos; y estragos, este último en grado de tentativa. Respecto a los demás procesados, el Ministerio Fiscal señala a Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero por el delito de pertenencia a organización terrorista.
El fiscal está ultimando el escrito de acusación de los CDR procesados. Según aseguran fuentes judiciales, el Ministerio Público calculaba que, para los ocho procesados por tres delitos distintos, se solicitarían como mínimo 17 años de cárcel para cada uno ellos.
El delito de pertenencia a organización terrorista está castigado con penas de seis a doce años de cárcel, según el artículo 572.2 del Código Penal: «Quienes participaran activamente en la organización o grupo, o formaran parte de ellos, serán castigados con las penas de prisión de seis a doce años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a catorce años». Por el delito de tenencia, depósito y fabricación de explosivos, la pena oscila de ocho a quince años, de acuerdo con el artículo 574.1 del mismo texto; y, por el último, el delito de estragos terroristas en grado de tentativa está condenado entre siete y quince años de prisión.
Si bien es cierto que, sumando los mínimos de cada pena, para los ocho procesados por los tres delitos podrían pedirse hasta 21 años de cárcel, fuentes solventes explican que podrían aplicarse «circunstancias atenuantes muy cualificadas» que rebajarían la pena inferior en uno o dos grados. Por eso, las mismas fuentes, aseguran que «como mínimo» se podrían pedir 17 años de cárcel. Sin embargo, Sánchez ha librado a los CDR de tener que pisar la prisión gracias a la amnistía.
Fabricación de explosivos
Los CDR, que fueron detenidos en septiembre de 2019 con material para la fabricación de explosivos, contaban con dos laboratorios clandestinos de pruebas. A uno de ellos lo denominaban la Batcueva, según las comunicaciones interceptadas. Fue aquí donde apenas un mes antes del arresto, y debido al avanzado estado de sus planes, un agente de la Guardia Civil grabó una inmensa humareda saliendo del inmueble, propiedad de Alexis Codina, uno de los imputados en la causa, y localizado en Sant Fost de Campsentelles (Barcelona).
Fuente original: Okdiario
Los jueces se rebelan contra la Ley de la Amnistía: 'Es el principio del fin de la democracia'
