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En octubre del pasado año, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, resolvió someter a información pública la creación de un fichero con datos de carácter personal de agentes de policía bajo la gestión de la Unidad de Deontología y Asuntos Internos de la Guardia Urbana. Tras los plazos correspondientes, el pasado febrero el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona anunció la creación de este registro que insta a obtener datos personales de los policías, como sus propiedades, historial académico y médico, suscripciones, ideología, creencias religiosas, vida sexual o si están sometidos a investigación penal o administrativa.

Un vigilante de seguridad de la Mezquita-Catedral de Córdoba fue agredido el pasado viernes por un hombre de nacionalidad pakistaní, que saltó la valla que prohíbe el paso de los turistas al interior del templo para ponerse a rezar.

Un curandero pakistaní ha asesinado a 20 personas y herido a otras tres, con la supuesta ayuda de varios individuos, en un templo sufí en el centro de Pakistán.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha estimado el recurso de apelación que presentó la Asociación de Abogados Cristianos (AEAC) contra el sobreseimiento provisional y el archivo que dictó el Juzgado de Instrucción número 10 de la ciudad por la vejatoria procesión del coño insumiso.

El Ayuntamiento de Barcelona no se da por vencido y ha ordenado este miércoles el precinto del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca en el plazo de dos meses. Si el Ministerio del Interior ignora la orden, como de hecho ha sucedido hasta ahora, el gobierno de Ada Colau ha anunciado que llevará el caso hasta la Audiencia Nacional.

Un informe comentado la semana pasada en una sesión oral de la Cámara de los Representantes de EEUU no deja lugar a dudas: el software de reconocimiento facial empleado por el FBI es un potencial peligro para los ciudadanos de EEUU, pues su margen de fallo es demasiado alto y, para colmo, "falla todavía más con personas de raza negra".