Financian con fondos públicos un taller para convertirte en puta
Un cartel difundido en redes ha desatado la indignación de miles de usuarios: se anuncia un “Taller virtual: Introducción a la asistencia sexual” para este miércoles 29 de octubre a las 17:00, con inscripción gratuita e “impartido por Flor, asistente sexual en activo”.
En la pieza promocional figuran los logotipos de Calala – Fondo de Mujeres, la Unión Europea (Financiado por la UE) y OTRAS (Organización de Trabajadoras Sexuales), lo que ha disparado las críticas al considerar que se estaría usando dinero público para una actividad vinculada a la prostitución.
Lo que dice la convocatoria
Según el texto del propio anuncio, el taller pretende “conocer, debatir y repensar la asistencia sexual”, abordando “conceptos básicos, marco ético y experiencias” desde una “mirada proderechos” y poniendo el acento en “respeto, consentimiento y diversidad de cuerpos y deseos”.
El reclamo cita de forma expresa la relación entre asistencia sexual y autonomía de personas con diversidad funcional, una línea argumental utilizada por colectivos proderechos para diferenciar esta figura del ejercicio de la prostitución.
La controversia: ¿asistencia sexual o formación encubierta?
Las críticas se centran en tres puntos:
- Financiación pública: la aparición del emblema de la UE en el cartel ha encendido las alarmas sobre posibles fondos europeos detrás de la actividad.
- Marco legal confuso: en España la prostitución no está tipificada como delito, pero la tercería locativa y la explotación sexual sí lo están; además, la regulación de la “asistencia sexual” es difusa y desigual según comunidades, lo que abre un debate jurídico y ético.
- Promoción institucional: asociaciones abolicionistas y sectores feministas denuncian que se legitima el mercado sexual bajo la etiqueta de “asistencia”, mientras que los organizadores lo defienden como servicio de cuidados para personas con discapacidad, con consentimiento explícito.
Reacciones políticas y sociales
Partidos y colectivos abolicionistas piden explicaciones sobre qué programa y organismo habría avalado o financiado la iniciativa y con qué cuantía. Desde el lado proderechos se reivindica que criminalizar estos espacios “empuja a la clandestinidad” y aumenta el riesgo para quienes ofrecen y demandan estos servicios.
Lo que queda por aclarar
- Qué línea de subvención (si la hay) respalda el taller y qué entidad gestiona los fondos.
- Si el contenido constituye formación profesional para ejercicio de actividad económica o es divulgación en derechos y cuidados.
- Qué controles públicos existen para evitar financiación de actividades que puedan colisionar con la normativa sobre explotación sexual.
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