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Asistimos, como meros espectadores impasibles, al golpe de estado institucional que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están cometiendo en nuestro país, con la colaboración de lo más granado de la anti España. Nos encontramos en lo que podríamos denominar la fase final del golpe de Estado iniciado por José Luis Rodríguez Zapatero cuando, con su Ley de Memoria Histórica del 2008, buscó la legitimidad de nuestra democracia en la II República española, criminalizando a los españoles que se sublevaron y cuyo grave delito que no perdona la izquierda es el de no haberse dejado asesinar. La izquierda de este país no ha estado sola en su propósito, contó con la ayuda inestimable de José María Aznar que, siendo presidente, bien por ingenuidad o por maldad, condenó en sede parlamentaria el Alzamiento del 18 de Julio, condenó a sus padres y abuelos, condenó a la España que no se resignó a dejarse matar y, en sentido contrario, normalizó la persecución religiosa, los crímenes, las violaciones, la corrupción y la falta de libertad en la que degeneró la II República. El Partido Popular se lo puso fácil al PSOE, al no oponerse a la ley de memoria histórica, se lo puso en bandeja cuando, teniendo mayoría absoluta, no la derogó, y se lo pusieron todavía más fácil a los socialistas, cuando el Jefe del estado estampó su firma, aceptando su propia deslegitimación.
