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Estos últimos días del 2020, los españoles asistimos impávidos, acobardados, y me atrevería a decir que estupefactos, al cambio de régimen, de forma que pasaremos de ser un “Estado social y democrático de Derecho”, como predica la Constitución, a ser el primer país comunista de Europa, tomando el relevo de la vieja Albania, y en clara competencia con Rusia.
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Las alarmas sociales se han disparado a raíz de la noticia de que el youtuber Rubius se va a Andorra para pagar menos impuestos, ¿y…?
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La segunda semana de enero, en plena ola de frío polar sobre España, el precio de la electricidad doméstica ha aumentado en el mercado mayorista un 102%. Todos sabemos como funciona la especulación financiera… Ello significa que los españoles pagaremos la electricidad un 27% más cara.
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Reconozco que, como habitualmente, no escuché en directo el discurso del Borbón de turno el día de Nochebuena, podría dar mil razones para ello, pero, con una suavecita vale, el discurso del Borbón de turno y la Nochebuena son incompatibles. Propongo que si el año próximo sigue siendo Felipe de Borbón jefe de Estado, cosa que no está muy clara y cosa que yo no voy a mover un músculo para defender, el discurso lo lea el día 31 o incluso el 28 de diciembre (dadas las mentiras y bromas pesadas que suelen encerrar sus discursos escritos por otros, escritos después de 1975 por los enemigos de España), y no en Nochebuena, ya que la Nochebuena es para otras cosas y, sobre todo, la Nochebuena es para otros reyes. Pero, evidentemente, el hecho de no dejar entrar la mentira por televisión en forma discurso real en mi casa el día 24, no quiere decir que luego no lo haya leído y atendido incluso a las valoraciones de unos y de otros.
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Todavía hay quien se extraña y parece cogerle por sorpresa el masivo apoyo que la anti España muestra a Sánchez para que este saque adelante, y sin el menor de los problemas, los presupuestos generales del Estado. El independentismo comprende que lo mejor para ellos es un gobierno presidido por Pedro Sánchez, es la mejor garantía de que España se hunda, no funcione y su cohesión esté en peligro, y por ende lo mejor para sus intereses. Para el independentismo, sea este del signo que sea, España no les importa lo más mínimo, es más, la odian. Ellos solo piensan en sacar rédito político de todo lo que hacen y han encontrado en Sánchez e Iglesias, unos fieles aliados dispuestos a entregar todo lo que se les pida a cambio de mantenerlos en el poder, cuestión que por otro lado poco les importa, pues como han podido comprobar, el gobierno social comunista presidido por el tándem Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son socios fiables, pues teniendo donde elegir, prefieren apoyarse en aquellos que ponen en duda la existencia de España, cuestión que hace profundamente felices a los independentistas. Como todos sabemos, Sánchez e Iglesias hacen esto por devoción, que no por obligación.
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Los socialistas catalanes han cambiado de caballo en la última curva de la carrera que tiene su meta el próximo 14 de febrero. La sustitución ha sido realmente sustancial, han pasado de un cabeza de lista orondo y festivo, con contoneos de animador de discoteca, a otro ascético y lúgubre, con aspecto de empleado de pompas fúnebres. El hecho de que Salvador Illa haya desempeñado el cargo de ministro de Sanidad durante un año que ha visto morir por Covid-19 a ochenta mil españoles, principalmente ancianos atrapados en residencias geriátricas, presta a su candidatura un tono especialmente tétrico. Curiosamente, Pedro Sánchez ha impulsado esta pirueta de última hora con el argumento de que la notoriedad adquirida por el exalcalde de La Roca del Vallés como responsable máximo de la cartera encargada de evitar este drama contribuirá a obtener para el PSC un resultado mucho mejor que el que hubiera conseguido el trepidante Iceta. Se ha publicado que las encuestas avalan esta penetrante intuición del presidente del Gobierno, personaje al que, como es sabido, caracterizan su amor a la verdad y su capacidad de cualquier renuncia personal que sirva al interés general.
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Los expedientes de regulación de empleo, en anagrama ERE, son aquellos documentos que se envían a la autoridad laboral para acreditar la extinción de la relación laboral con un determinado número de empleados, o incluso con toda la plantilla, en diversos supuestos legalmente tasados, y entre los que destacan las causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor.
