Decepción política, ¿responsabilidad ejecutiva?
Sucede que, hasta la fecha, hemos admitido la cuestión de la unidad de España, como un problema generado e impuesto (con ritmo propio) por los separatistas catalanes, acostumbrados a la perenne pasividad del Gobierno de la nación. Si oteamos el pasado inmediato, las consecuencias que la propaganda orquestada desde la Generalitat de Cataluña y las amenazas de declaración unilateral de independencia -previsible consecuencia directa del triunfo sin mayoría absoluta de la lista unitaria confeccionada ex profeso para la convocatoria de elecciones plebiscitarias el próximo 27S -han causado en la opinión pública y sobre la propia conciencia de los españoles, ponen en evidencia una crisis mucho más profunda y grave que la las soflamas independentistas y es que, a la sombra de un Gobierno inerte, siempre florecen los oportunistas.
Hay una constatación empírica vigente, junto con la ley, traducción concreta del Derecho (entendido como el ejercicio equilibrado de diálogo entre libertades y obligaciones individuales), coexiste la fuerza vinculante del hecho. Y el hecho es que ante la inacción del Gobierno, ha ido cobrando cada vez más fuerza la evidencia de lo fáctico que, en Cataluña, se traduce en la reiterada violación de la legalidad vigente por parte de instituciones públicas y sus representantes, el desacato e incumplimiento impune de las ya existentes sentencias judiciales e incluso el desprecio a la justicia en el tratamiento de ciertas querellas personales planteadas hacia su presidente, el Sr. Mas.
Cuando hace algunas semanas el Presidente del Gobierno, insistió en el cumplimiento de la legalidad y en que Cataluña nunca declararía su independencia, muchos pensamos de inmediato en las herramientas que tenía a su alcance para aplicar decisiones políticas de calado. El Estado cuenta con los elementos necesarios. Contra el incumplimiento de sentencias judiciales existen consecuencias penales ya previstas en nuestro ordenamiento e incluso, mucho antes, algunas herramientas excepcionales recogidas en la CE como el Artículo 155 que posibilita la suspensión del ejercicio de la autonomía. En este extremo, ya resulta hasta hilarante que ahora Pedro Sánchez amenace al Gobierno con exigir "responsabilidades" si lo aplicase. Definitivamente los unos (por inacción) y los otros por pedir explicaciones a quien haga cumplir la ley (si se diese el caso) son unos irresponsables.
Lo que probablemente no imaginábamos casi nadie, ni siquiera los propios interesados en el proceso independentista, es que la respuesta pasase por reformar el TC ad hoc y atribuirle competencias específicas para una situación determinada. Vamos, una reforma a medida, que por si fuese poco el despropósito es, además, una chapuza jurídica. Plantear la cuestión como proposición de ley – en lugar de proyecto de ley – permite la modificación anunciada sin la necesidad de contar con los informes de los preceptivos órganos consultivos, Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial. ¿Cree el Gobierno que es legítimo utilizar al TC para hacer aquello que le corresponde pero no se atreve? ¿Aporta esta actitud la más mínima seguridad jurídica? Credibilidad, ninguna. Cobardía, infinita.
Por si no estuviese ya más que demostrado que el órgano judicial está profunda e irremediablemente politizado, ahora van y lo confirman. Una nueva y no menos tremenda decepción, muestra de la falta de nivel y voluntad política.
Si el discurso independentista se basa en la mentira, no hemos de consentir que la contrapartida de quienes dicen combatirlo y tienen la obligación de hacerlo, sea pagarnos con su misma moneda. Aunque estamos tan acostumbrados a vivir permanentemente asidos a la mediocridad, que ya no es de extrañar semejante falta de responsabilidad ejecutiva. Una medida que, en cualquier caso, resuelve complejos formales y busca, sin ninguna duda, salvar resultados electorales y contentar a unos cuantos sin demasiados daños colaterales.
Estamos perdidos si anclamos nuestra identidad que es la de España, y la de España como unidad, a mecanismos tan falaces. Estaremos confirmando que tenemos un problema irremediable. Conozco muchos países que tienen problemas, España los tiene. Pero ni uno sólo de ellos plantea como problema a su país. Y eso es lo que algunos pretenden. Cataluña no es un problema, ni los catalanes, sino algunos catalanes problemáticos. La cuestión es si lo hemos entendido y si vamos a hacer algo apropiado y proporcionado.
María Jamardo. Experta en Marketing y Comunicación. Ex-Presidenta Nacional SCD
